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Falta de pruebas favoreció a hermanos De La Guardia

La juez Georgina Tuñón no halló pruebas para determinar que la quiebra del grupo fue fraudulenta. Los De La Guardia Romero enfrentan otro proceso que se encuentra en la Sala Segunda de lo Penal.


Francisco Paz (francisco.paz@epasa.com) / PANAMA AMERICA

Detalles de la quiebra de adelag

  • 120 millones de dólares aproximadamente quedó debiendo el grupo cuando se declaró en quiebra.
  • 49 acreedores firmaron un acuerdo con los hermanos De La Guardia para recuperar sus dineros.
  • 7 empresas conformaban el grupo, entre las cuales sobresalían El Triángulo y Tecno Auto, S.A.

Otro expediente contra adelag

  • En la Sala Segunda de la Corte reposa otro proceso contra los hermanos por falsificación y estafa.
  • La defensa presentó un incidente de nulidad y una aclaración.
  • El abogado de Carlos De La Guardia interpuso un hábeas corpus a su favor, que está en manos del magistrado Mitchell.

Los hermanos Carlos y Aquilino De La Guardia tuvieron que esperar más de once años hasta que hace tres días fueron absueltos del delito contra la economía nacional y se ordenó levantar las medidas cautelares impuestas en su contra.

La jueza Georgina Tuñón, del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó el fallo el pasado 19 de noviembre a favor de los hermanos, quienes fueron protagonistas de una de las quiebras más polémicas de la última década, en la cual estuvieron involucrados acreedores y entidades bancarias que solicitaron en su momento que fuera declarada como fraudulenta.

En sus fundamentos legales, la jueza expuso que en las pruebas acopiadas en el proceso de quiebra se advierte que en dicho plan “participaban entidades financieras que por la labor que desempeñaban debían tener conocimientos en torno a la viabilidad o no de este”.

Agregó que no se aportaron pruebas en el proceso penal que permitan arribar a la conclusión de que en este caso se configuró la quiebra dolosa o fraudulenta, lo cual es coherente con lo expresado por cuatro personas que rindieron declaratoria durante el peritaje y otras tres que comparecieron en calidad de testigos.

Por otra parte, no se aportó por el funcionario de instrucción algún medio probatorio que permita apreciar que se configuró formalmente el estado de quiebra.

En los autos expedidos por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil se indicó que se declaraba formal quiebra en calidad de “por ahora” al grupo Adelag, y para efectos de proceder a la declaración de responsabilidad penal por el delito de quiebra fraudulenta o dolosa se requiere, en primer lugar, la declaración de quiebra y no la condicionada, lo cual indica que es provisional, señala la jueza Tuñón.

El abogado de Carlos De La Guardia, Carlos Carrillo Gomila, recibió con regocijo este fallo en el cual se comprobó, según sus palabras, que en el proceso no hubo fraude y existió un acuerdo previo entre el grupo y las entidades acreedoras y crediticias ante el juez civil que tramitó la quiebra, en el cual se fijaron las respectivas compensaciones.

En estos acuerdos o concordatos firmados entre las partes se rehabilitó a los señores De La Guardia para ejercer actos de comercio y las acreencias o deudas se pagaron en su mayoría con dineros que fueron cautelados.

La jueza destacó que el concordato resolutorio representó una solución viable al problema de la quiebra, ya que es más favorable para las partes del conflicto antes de un largo y costoso proceso.

Este acuerdo se logró en agosto de 2008, en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia y, como resultado del mismo, los hermanos De La Guardia se comprometieron a pagar las deudas contraídas por más de 23 millones de dólares.

Antecedentes.
Tras el derrumbe del grupo Adelag, conformado por las empresas Financiera El Roble, El Triángulo, Tecno Auto, Tecno Taller, El Eléctrico Internacional, Unicentro Trading Company y Adelag, 62 acreedores exigieron el pago de más de 120 millones de dólares en deudas, entre los que figuraron 23 bancos.

Los trabajadores de las empresas, a pesar de tener prioridad en el proceso de quiebra, prefirieron cobrar sus prestaciones por separado.

La Fiscalía Decimocuarta abrió una investigación de oficio en septiembre de 2001 y luego de siete años de investigaciones, en agosto de 2008 se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que se abrió causa penal contra los imputados.

Sin embargo, para esa misma época se firmó el concordato resolutorio, en el cual, 49 de las 62 empresas a las que el grupo les debía acordaron desistir del proceso penal.

Los hermanos De La Guardia todavía enfrentan otro proceso legal.


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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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