Magistrados del Organo Judicial de Costa Rica y Panamá coincidieron en que la falta de recursos económicos es una de las limitantes que presenta la administración de justicia en estos dos países para agilizar los procesos penales.
Alfonso Chavez Ramírez, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, afirmó que en su país existe una norma constitucional que establece una independencia económica y financiera, pero ya no alcanza.
A su juicio, es necesario aumentar los montos asignados porque los retos de la justicia son mayores y las funciones aumentan cada día, por lo tanto, las obligaciones se pueden cumplir con mucho esfuerzo humano y sobre todo con suficiente aporte económico.
Admitió que los jueces de estos países manifestaron preocupación por los delitos de personas de cuello blanco porque son los allegados al poder económico y político, y ejercen presión a la justicia que promete ser igual para todos; de manera que los jueces con sus recursos se ven presionados.
Chavez explicó que se necesita más unidad de justicia en Centroamérica, porque a parte de las legislaciones vigentes, hay cooperación no sólo de las autoridades policiales sino de las judiciales, lo que permitiría que las personas que evaden delitos en otros países puedan tener una repatriación a su país de forma rápida. No obstante, Luis Fernando Solano, magistrado Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, indicó que la delincuencia está globalizada y los jueces están cada uno en sus oficinas.
Ante esta realidad, manifestó que la justicia tiene que ser más eficiente, ya que la delincuencia utiliza la última tecnología y cuenta con apoyo económico, organizacional e internacional, mientras que los jueces trabajan con las uñas, porque carecen de recursos. "Uno de los retos es el fortalecimiento de la justicia, por lo tanto, se abordan temas que ambos países tengan en comunes y puedan apoyarse mutuamente", expresó al referirse al seminario que se inició ayer en Chiriquí para los funcionarios del Ministerio Público, Organo Judicial y corregidores.
En tanto, Salvador Domínguez, magistrado presidente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, confirmó que el presupuesto asignado a la administración de justicia panameña no es suficiente para la cantidad de inversiones.
Se refirió a los equipos, material, personal y estructuras, y además, señaló que es un problema universal, que no sólo se vive en Panamá. Detalló que muchas veces hacen el esfuerzo sobrehumano al trabajar en horas fuera de labores para tomar decisiones de casos para agilizar los procesos penales.
Falta de recursos económicos afecta a la justicia centroamericana
Los funcionarios coincidieron en que la delincuencia utiliza la última tecnología y recursos económicos, mientras que los jueces trabajan con las uñas.
