El secretario de la Procuraduría General de la Nación, José María Castillo, consideró ayer que el programa de protección a testigos es una necesidad para preservar la integridad física de quienes han presenciado un acto delictivo, pero advirtió que en la actualidad no se puede ejecutar, por la falta de recursos económicos.
Castillo sostuvo que es necesario dar al testigo las mismas garantías procesales otorgadas a quienes cometen un delito, pero que la escasez de recursos económicos hace muy difícil su ejecución inmediata.
Dijo que le ha tocado observar cómo testigos en casos de homicidio se han retractado de sus declaraciones iniciales, ante la imposibilidad del Ministerio Público de garantizarles protección una vez han comparecido ante la fiscalía a declarar.
Expresó que en una ocasión un testigo se negó a declarar luego de haber presenciado un homicidio, porque tenía temor que alguno de sus cuatro hijos sufriera represalias por el testimonio que rendiría ante un jurado de conciencia.
Consideró que en los casos de homicidio y narcotráfico, es necesario dar protección a quienes arriesgan su vida al momento de declarar durante una audiencia, pero que en la actualidad el Ministerio Público no puede ofrecer esta clase de garantías.
Afirmó que "si no hay una protección simplemente nos estamos engañando porque en la actualidad las garantías solamente operan a favor del criminal, pero es bueno y correcto que testigos también las tengan".
Explicó que antes de llevar un papel sin ningún tipo de posibilidades a la Asamblea Legislativa, es necesario analizar bien el proyecto y tratar de ubicar la procedencia de los recursos para que su ejecución sea viable.
Detalló que en la actualidad es poco probable que un proyecto con estas características pueda concretarse.
