La falta de una auditoría para determinar si Dalvis Xiomara Sánchez, ex funcionaria de la Presidencia en la administración de Mireya Moscoso, tenía la capacidad para ahorrar hasta B/200.000, podría ayudarla en la audiencia que se le sigue por enriquecimiento ilícito.
La ausencia de esta auditoría surgió durante la comparecencia como testigo de la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, en la audiencia que se siguió ayer contra Sánchez en el Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panamá.
Gómez reveló que el Ministerio Público no ordenó a los auditores evaluar la capacidad de ahorro de la ex funcionaria para determinar si entre el año 2000 y agosto de 2002, tuvo capacidad para ahorrar más de B/200.000.
Este es un punto a favor de Sanchez, dijo su abogado defensor, Rogelio Cruz.
“Han revelado lo que siempre hemos sabido, que la ex procuradora Gómez presentó una denuncia de enriquecimiento injustificado sin pruebas sumarias”, afirmó.
La Dirección de Responsabilidad Profesional, hoy Tribunal de Cuentas, a través del oficio No. DRP 309 de marzo de 2006, ordenó que se investigara a Sánchez por enriquecimiento ilícito por un monto de 215 mil 390 dólares.
A juicio de Cruz, la intervención de la ex procuradora ante el juzgado fue favorable para la defensa, pues siempre han afirmado que el dinero era parte de sus ahorros y que la suma era de B/35,000 y no más de B/ 200.000, como afirmaba la denuncia de Gómez.
En la audiencia se presentaron 14 testigos que citaron la Fiscalía Segunda Anticorrupción y la defensa. Entre éstos figura la ex ministra de la Presidencia, Ivonne Young.
Este proceso inició en el año 2002, cuando le hurtaron a Sánchez de su residencia B/35 mil.
