Algunos expertos consideran que aunque en Panamá actualmente hay leyes que penan la explotación sexual de menores, el problema persiste porque éstas no son aplicadas con el debido rigor.
Briseida Barrantes, coordinadora nacional de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), dice que aunque hay avances legales con respecto a la prevención de la explotación sexual, es necesario que se apliquen en su justa dimensión. Señala que si se aplica la ley, es más fácil detener este flagelo.
Mientras, Victoria Cruz, coordinadora sub regional de la (OIT), dijo que ésto aparte de ser un delito, es un problema de tolerancia social y de educación, porque muchas veces se conocen los hechos y no se denuncian.
A los educadores que incurrieron en esta falta no se les ha permitido participar como elegibles.
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