Los abogados y usuarios del sistema judicial perciben una ausencia de voluntad política para desarrollar un plan nacional estratégico para la administración de justicia que complete la distribución de los tribunales y agencias de instrucción en el país, indica un comunicado del Colegio Nacional de Abogados.
Indica que el sistema de justicia se enfrenta a una crisis causada por la mora judicial, a pesar de la ayuda internacional brindada en esta materia por países como Estados Unidos, España y organismos internacionales a través de préstamos, donaciones y convenios de cooperación.
En el comunicado de dos páginas el Colegio Nacional de Abogados hace señalamientos en torno a la crisis que vive el sistema legal del país y resalta aquellos programas ejecutados a fin de lograr avances.
Indica que a pesar de que en las dos últimas décadas se expidieron leyes de reformas a los Códigos Civil, Penal y Judicial, que crearon nuevas instituciones y jurisdicciones, éstas no se han establecido ni aplicado a la fecha.
Aún cuando el cambio de legislación no es garantía de vigencia de los preceptos, sí ayuda a legitimar las instituciones y procedimientos necesarios en un Estado de Derecho, reconoce el comunicado.
Agrega que la administración de justicia mantiene altos porcentajes de desconfianza debido a que la mayoría de los casos, ya sean civiles, penales, laborales, constitucionales, familiares y de menores, son resueltos de manera tardía; mientras que el ochenta por ciento son desestimados por incumplir aspectos de formalidad.
Expresa que las leyes no son puestas en ejecución debidamente como el caso del Código de la Familia que entró a regir con el 10 por ciento del presupuesto que requería para su debida aplicación y la ley de víctimas que apenas cuenta con una partida de funcionamiento, entre otros casos.
Para el Colegio de Abogados la ubicación de los Tribunales Civiles en el área de Tocumen y los de Menores localizados en el área de San Sebastián, lesionan el derecho ciudadano al acceso de la justicia, además que encarece el ejercicio de la abogacía, por lo que la clase forense a solicitado una pronta solución a estos problemas.
Por lo anterior se comprometen ante la comunidad a coadyuvar esfuerzos para dar solución a este sensitivo problema.
Entre los proyectos más importantes que se han ejecutado para mejorar la justicia penal, civil, familia, de menores y ambientales, que han sido auspiciados por organismos e instituciones internacionales se encuentra el programa de capacitación de jueces del Fondo Fiduciario de Cooperación Internacional Española y el PNUD.
También está el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el mejoramiento de la administración de justicia, el proyecto subvencionado por la Agencia Internacional de Desarrollo, e iniciativa de los Estados Unidos.
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