FENASEP demanda decreto de salario mínimo

Los miembros de la Federación de Empleados Públicos (FENASEP) presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 227 de julio pasado por medio del cual se fijaron nuevas tasas de salario mínimo vigentes en todo el territorio nacional, pero que excluye a los funcionarios del sector público.
El abogado Carlos Ayala Montero, en representación de FENASEP, aseguró que la Comisión Nacional de Salario Mínimo nombrada por el Organo Ejecutivo no incluyó a los servidores públicos en este beneficio, como se había solicitado con anterioridad.
Alegó que en el referido decreto ejecutivo se establecieron salarios mínimos para cada una de las actividades económicas del sector privado y se distinguen categorías para la pequeña y mediana empresa, pero se excluye a los trabajadores al servicio del Estado, lo que viola el artículo 61 de la Constitución Nacional que establece que el Estado garantizará a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, el salario mínimo legal.
Planteó que la actuación del Organo Ejecutivo como regente de la administración pública al dictar el decreto demandado desobedece el contenido de la Carta Magna, que consagra la obligación de las autoridades de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
También sustentó que ningún órgano del Estado ha aprobado una ley en la que se establezcan los salarios mínimos que deben percibir los servidores públicos desde la vigencia de la actual Constitución Política y que la reciente aprobación de un salario mínimo para los trabajadores particulares establece una clara discriminación contra los funcionarios.
Sostuvo que el decreto ejecutivo de julio pasado obliga a los empleadores a pagar un salario mínimo a sus trabajadores, mientras que el Estado y sus instituciones pueden contratar o nombrar personas con salarios por debajo de lo preceptuado en el citado decreto.
Consideró que con esta medida se crean dos tipos de salarios, aunque se ejerza la misma función y aunque los precios de la canasta básica familiar sean similares para todos los trabajadores, lo cual contribuye a acentuar la discriminación.