Ayer se verificó la firma del contrato entre la empresa Hasen & Sawyer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la prestación de servicios de consultoría para el estudio, diseño y planos finales de las redes de alcantarillados sanitarios, colectores estacionados de bombeo, líneas de impulsión y rehabilitación de las redes de alcantarillado. El contrato fue firmado por Fernando Chiriboga, representante legal de la empresa Hasen and Sawyer, y Elizabeth Fong, del PNUD, quien firmó como ente contratante.
La presidenta Mireya Moscoso y el ministro de Salud, Fernando Gracia, sirvieron de testigos de honor de la firma. Los planos permitirán que cinco meses después de iniciados los trabajos se proceda a los actos de licitación para la construcción de las obras de recolección del área más poblada del país.
El estudio elaborado en 1977 establece que la ciudad de Panamá debe ser servida mediante dos sistemas separados de alcantarillado sanitario.
La jefa del Ejecutivo afirmó que en reiteradas épocas la sociedad civil, políticos, peritos internacionales y toda clase de expertos se limitaron a emitir opiniones respecto a la situación deplorable a la que había llegado la bahía, pero todo con una indiferencia cómplice y demagógica de autoridades anteriores.
Aseguró se trata de una indiferencia cómplice, porque nunca existió la verdadera voluntad de enfrentar esta situación, que además de ser un grave problema de salud ambiental, constituye un elemento que incide negativamente en la capacidad de explorar el recurso turístico de la ciudad capital. Según el ministro Gracia, en febrero de este año se recibió una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Cooperación Internacional de Japón, interesados en el saneamiento de la ciudad y la bahía, que conllevará una inversión de cerca de B/.350 millones, donde ya hay un plan de acción que está en curso y de continuar, en junio del 2004 se obtendrá el financiamiento de esta obra. Precisó que en los últimos dos años se han invertido aproximadamente B/.14 millones por parte del Gobierno Nacional, de los cuales B/.11 millones son para el alcantarillado del distrito de San Miguelito.
Según las fuentes consultadas, la ANAM explota ante los medios de comunicación un caso aislado de cazadores deportivos, como si fueran los destructores de todo el sistema ecológico. Manifestaron que la cacería deportiva no afecta al sistema ecológico al nivel que lo están haciendo con la deforestación de árboles en Darién, Bocas del Toro, Sorá, Boquete, Cerro Punta y Volcán. Según los quejosos, la cacería deportiva constituye un potencial turístico para el país y deja muchos beneficios económicos en los pueblos a donde llegan los cazadores.
Explicaron que los beneficios económicos incluyen compra de ropa especial, armas, municiones, alquileres de autos doble tracción, botas, sombreros, compra de alimentos y hospedajes en hoteles.
"Se benefician desde los billeteros del pueblo hasta las heladerías", comentaron. Con respecto al estudio de cotos de caza que adelanta la ANAM, advirtieron que desde el año pasado organismos internacionales donaron a la institución los recursos económicos para realizarlo y aún la entidad no lo presenta al país.
Indicaron que la suspensión de los permisos de cacería por el tiempo que se prolongue el estudio es una excusa sin razón, porque la ANAM no tiene la cantidad de funcionarios necesarios para realizar ese estudio de especies en todo el territorio nacional. Los cazadores manifestaron que el estudio jamás podrá determinar la cantidad de especies que existen, como la torcaza que es un ave migratoria y que está en Panamá por pocos meses para luego viajar hacia las áreas rocosas del noroeste de Estados Unidos, de donde es originaria.
Manifestaron que la torcaza no está en la lista de peligro de extinción en Estados Unidos y, sin embargo, en Panamá quieren prohibir su caza. De acuerdo con los consultados, la decisión de la ANAM de suspender los permisos de la cacería no tiene justificación científica con respecto a muchas especies.
Caza: Es la búsqueda, persecución, acecho, acoso, captura o aprehensión de animales silvestres vivos o muertos, así como la recolección de productos derivados.
Caza científica: Es la caza realizada con fines de enseñanza e investigación científica.
Caza deportiva: Es la caza realizada en forma lícita, con fines recreativos y sin interés de lucro.
Casa comercial: Es la que se realiza para obtener beneficios de lucro con el producto obtenido.
Caza de control: Es la que se realiza para regular las poblaciones de animales silvestres que ocasionan daño en forma eventual o permanente. Este tipo de caza únicamente podrá ser ejecutada y/o autorizada por la autoridad competente.
Caza de subsistencia: Es la que se efectúa para satisfacer necesidades alimenticias de personas de escasos recursos económicos en áreas rurales, para el consumo directo, sin que medie contraprestación económica.
