Representantes del gigante italiano, Finmeccanica, afirmaron ayer en Panamá que no hubo “coima”, ni sobornos en el contrato que firmaron con el Estado de Panamá, por 180 millones de euros (236 millones de dólares al cambio de ayer).
Marcos Acca, director comercial de la empresa fabricante, quien llegó a Panamá exclusivamente para explicar las presunciones de sobrecostos de los helicópteros, señaló que la empresa no ha otorgado dinero al gobierno panameño, ni a empresas intermediarias en la transacción de las piezas de seguridad adquiridas por Panamá.
Acca también guardó distancia de Valter Lavitola arrestado ayer en Italia por un supuesto caso de soborno al expresidente Silvio Berlusconi.
“El contrato para la compra de los helicópteros fue directo y no hubo intermediarios, además que no fue sobrevalorado y se acordó a un precio justo de mercado”, dijo Acca refiriéndose al contrato con el Gobierno de Panamá.
La transacción fue anunciada por Finmeccanica en octubre de 2010 y el mismo incluye la compra de 18 radares, 6 helicópteros AW139 y la confección de un mapa cartográfico. Los contratos se hicieron por separados a las filiales de Finmeccanica: SELEX Sistemi Integrati, AgustaWestland y Telespazio.
En medio de los trámites de ejecución del contrato, se conoció que Finmeccanica había firmado un contrato de representación con la sociedad anónima panameña Agafia Corp.
La firma representante iba a recibir el 10% de los tres contratos, lo que generó una polémica que llevó a las autoridades y a las empresas a tratar de explicar el pago. En medio de la polémica, las filiales de Finmeccanica cancelaron unilateralmente el contrato con Agafia Corp. y reiteraron que no existía sobrecosto en el contrato con el Gobierno de Panamá.
Cárceles.
Al mismo tiempo que Finmeccanica explicaba lo de su contrato, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, salió a aclarar que no existe ningún contrato para la construcción de nuevas cárceles, mucho menos con una empresa italiana vinculada a Valter Lavitola.
Dijo que el tema de las cárceles fue incluido como en el convenio de cooperación seguridad que se firmó entre los gobierno de Italia y Panamá, en 2010.
“Producto de ese convenio y siempre con la participación del Embajador de Italia en Panamá, un grupo de la empresa Svemark Consorcio Panamá, S. A. estuvo haciendo algunos estudios para elaborar una propuesta en el marco de lo que se había firmado en el convenio de cooperación técnica”, explicó Fábrega.
Se estudiaba la posibilidad de cárceles modulares en Colón, David y La Chorrera.
Sin embargo, Fábrega señaló que la empresa presentó una oferta muy elevada por lo que “el Gobierno decidió no aceptarla”.
A pesar de ello, el Ministerio Público abrió ayer una investigación de oficio sobre el caso de las cárceles por el supuesto delito genérico contra la administración pública.
