El fiscal quinto de circuito, Giovanni Olmos, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra las resoluciones de gabinete que permitieron al Ministerio de Obras Públicas agilizar la construcción del camino ecológico Boquete-Cerro Punta.
Olmos demandó las resoluciones No. 123 de diciembre y No. 10 de 29 de enero de 2003 por las cuales se contrató directamente a la empresa Construcciones Urbanas S.A. para que construir el camino y se da concepto favorable al estudio de impacto ambiental de la obra, valorada en B/.4.6 millones. Según el fiscal, los intereses de la colectividad resultan conculcados con estas resoluciones de gabinete.
Sustentó que el contrato viola la normativa referente a la contratación pública, pues se celebró mediante contratación directa, sin que existiera una urgencia evidente que no permitiera conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista.
En su sustentación, el fiscal señaló que el camino se encuentra entre las comunidades de Boquete y Cerro Punta, donde se localiza el Parque Nacional Volcán Barú, área que ha sido designada reserva de la biosfera por la Oficina del Hombre y la Biosfera de la UNESCO.
Añadió que estas zonas deben recibir una protección a largo plazo del paisaje, de los ecosistemas, de las especies y de los genes, por lo que deben estar resguardadas de actividades humanas, excepto para la investigación y la recreación.
Manifestó que esta construcción generará una serie de impactos negativos que causarán daños irreversibles al medio ambiente. La construcción del camino ha generado una polémica entre el Gobierno y los grupos conservacionistas.
