El jurista Luis Vásquez planteó la alternativa de que el fiscal electoral, Gerardo Solís, solicite a la Contraloría de la República los registros sobre la utilización de los fondos de la partida discrecional, si la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, continúa rehusándose a hacerlos públicos.
Su planteamiento está justificado en que la ley otorga al fiscal la competencia para exigir la presentación de esos documentos al contralor Alvin Weeden, siempre y cuando estén ceñidos a los hechos denunciados, porque a su criterio el funcionario "está pasando agachado".
"Porque para otras cosas anda con dinamismo exacerbado y un celo excesivo, y ahora no dice nada y si le preguntan, es porque supuestamente no se le ha dicho nada", señaló Vásquez.
Sostuvo que el custodio del fondo público debe decir qué se hizo con esos dineros, pero advirtió que al llevarse a cabo ese recurso, el fiscal no queda exento de ser acusado de extralimitación de funciones, si solicita algo más que lo relacionado con la denuncia.
Sin embargo, explicó que la Constitución tiene un vacío con respecto a la autoridad encargada de juzgar al fiscal.
La inspiración de su padre lo llevó a trabajar en la Agencia para el Desarrollo Internacional; en la Comisión del Canal de Panamá como encargado de los proyectos de construcción del área del Pacífico y posteriormente en la Fuerza Aérea de Howard hasta la salida de los norteamericanos de suelo panameño.
Carbonell no sólo administra su singular trabajo en la base de Patrick, sino que también tiene que ir a otros países para dar un seguimiento a los cohetes, tal como la isla de Antigua.
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