El magistrado presidente del Tribual Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, advirtió ayer que el Fiscal Electoral, Gerardo Solís, tiene todo el derecho constitucional de perseguir a quien considere ha cometido un delito electoral, tras hacer referencia a una denuncia de la presidenta Mireya Moscoso, de que existe una evidente persecución contra los arnulfistas.
Moscoso hizo un llamado urgente al Tribunal Electoral para que no permita que se siga empañando el proceso electoral con ataques infundados a los candidatos arnulfistas que fueron electos, ante la "evidente persecución del fiscal electoral".
En este sentido, el magistrado Valdés Escoffery precisó que hay que entender que el fiscal constitucionalmente tiene la misión de perseguir los delitos.
Explicó que la fiscalía debe perseguir los delitos y vigila la conducta oficial de los funcionarios públicos, y al Tribunal Electoral le corresponde entonces administrar justicia, con relación a los casos que él persigue con la respectiva vista fiscal al Tribunal Electoral.
"Constitucionalmente la misión de la Fiscalía Electoral es perseguir los delitos y vigilar la conducta de los funcionarios públicos. El fiscal persigue a quien él considera que son responsables de la posible comisión de un delito y el tribunal es el que administra justicia”, recalcó.
Sostuvo además que en los 14 años que tiene el Tribunal Electoral de estar administrando justicia, la ha hecho imparcialmente y obviamente al tomarse decisiones por definición, hay que reconocerle el derecho a uno y desconocérselo a otro.
El magistrado Erasmo Pinilla, se refirió también al tema asegurando que el Tribunal Electoral es el primer interesado en que no se empañe la fiesta democrática tan bien llevada como las elecciones del pasado 2 de mayo no se empañe. “El Tribunal Electoral se limita a analizar los informes de la fiscalía, que sí está para atender todas las denuncias que se le interpongan y no puede omitirlas porque sean de un partido o de otro”.
Pinilla, se refirió también a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de acoger un amparo de garantías constitucionales, en el caso de las partidas discrecionales, donde dijo estar sorprendido por esta decisión, sin embargo expresó su respeto por la actitud de la Corte.