El Fiscal Electoral, Gerardo Solís, realizó ayer una inspección en el Ministerio de Trabajo, para investigar la denuncia del director de Mano de Obra de la entidad, Samuel Vargas, quien aseguró que está siendo víctima de presiones y que fue trasladó verbalmente de su puesto, violando normas del Código Electoral.
Vargas es candidato a legislador por el Partido Cambio Democrático en el circuito 7-3 y entró a ocupar el puesto en la actual administración del ministro Jaime Moreno.
El funcionario acusó directamente al director Nacional de Empleos, Jorge Salinas. De acuerdo con el fiscal Solís, la diligencia judicial tiene como objetivo determinar si el candidato a puesto de elección ha sido desmejorado o trasladado hacia una posición de menor jerarquía y condición a la que se encontraba.
Explicó que existe un fuero electoral que protege a los candidatos que aspiran a representar a los ciudadanos a través de los cargos de elección, que establece que no se les puede destituir ni desmejorar.
Indicó que en las declaraciones del denunciante hay hechos concretos que apuntan a que ha habido un desmejoramiento laboral y es responsabilidad de la Fiscalía Electoral determinar si hubo comisión de un delito.
"Con tal que la Fiscalía Electoral esté convencida que ha habido algún delito, vamos a exigir responsabilidades y sanciones para los responsables, independientemente del cargo que tenga", destacó.
De acuerdo con la ministra de Trabajo encargada, Isaura Rosas, lo que se hizo es pedir el apoyo al funcionario, lo que es viable jurídicamente. "Mal se ha podido hacer un traslado, porque la ley dice que para hacerse un traslado este debe ser firmado por el superior".
Aseguró que es el ministro quien firma los traslados y no lo ha hecho. "Es la palabra de él, contra nuestro director", enfatizó.
Sostuvo que el funcionario denunciante está diciendo que fue un traslado verbal y que se lo dijo el director (Salinas). "El, como funcionario, sabe que los traslados no funcionan así", destacó.
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