El fiscal electoral, Gerardo Solís, pidió ayer al Tribunal Electoral (TE) la anulación de las elecciones en el circuito 5-1 de Darién, tras considerar que la legisladora Haydée Milanés de Lay resultó directamente beneficiada con el "derroche de dinero del Estado" que se produjo en la provincia.
Solís detectó la semana pasada una supuesta compra de votos con recursos del Estado, tras encontrar en Darién varias chequeras de una cuenta del Fondo de Inversión Social (FIS), por más de B/.100 mil, que eran firmadas por funcionarios de la Junta Comunal de La Palma, que según Solís, no existe físicamente.
Milanés de Lay y su abogado Olmedo Arrocha se encontraron ayer frente a frente con el fiscal Solís, luego que éstos se dirigieran a la Fiscalía Electoral a conocer del caso.
Milanés de Lay le dijo al fiscal: "no sabía que eras candidato por el circuito 5-1", a lo que el fiscal respondió que estaba velando por los derechos políticos de los ciudadanos, incluyendo los de ella.
A esto, la legisladora le advirtió: "yo te voy a demostrar que has debido velar por todas las denuncias que te hecho y que no lo has hecho nada".
Según Solís, existen dos temas totalmente distintos en este caso, uno que es la investigación de carácter penal que está en una etapa sumaria de investigación y el otro, es la impugnación administrativa.
Aseguró que en el caso administrativo, la Fiscalía Electoral considera que hay suficientes méritos para impugnar la elección de legislador del circuito 5-1, porque hubo un desbalance en esta elección.
Afirmó que en el circuito 5-1 "se ha roto la balanza de la equidad, de la justeza electoral, por la ola de recursos del Estado que inundó ese circuito días previos a la elección".
Solís afirmó que la legisladora es la beneficiaria directa del derroche de recursos económicos que el Estado puso a circular en el circuito 5-1. "De eso no me cabe ninguna duda. Eso la vincula en el proceso administrativo", enfatizó.
