El fiscal tercero superior, Rolando Rodríguez, dijo ayer que giró un oficio al Segundo Tribunal Superior de Justicia para que remita una asistencia judicial a Colombia, luego que en una entrevista el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, admitiera que dio la orden para asesinar al empresario Sofronio Hernández el 22 de abril de 1995.
Explicó que remitió una providencia al magistrado Andrés Almendral, quien actúa como sustanciador en este caso, para que solicite a las autoridades de ese país una certificación de las declaraciones hechas por Castaño a El Tiempo de Bogotá, en las cuales asegura haber ordenado la muerte de Hernández por ser el encargado de suministrar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Reveló que en este caso no se ha fijado aún fecha de audiencia, debido a que las reformas judiciales hechas el pasado año impiden realizar juicios a reos ausentes y en este caso todos se encuentran prófugos de la justicia. Precisó que esta versión aparecida el domingo arroja luces sobre un crimen perpetrado en territorio panameño, por lo que se hace necesario agotar todas las diligencias posibles para someter a sus responsables a la justicia.
Según las declaraciones de Castaño, el ajusticiamiento de Hernández se habría ejecutado porque éste entregó 600 fusiles a la guerrilla. Agregó que sus hombres realizan incursiones hasta la población de Yapé, Darién. Castaño también reconoció como el mayor logro de las AUC el trasiego de 13,000 fusiles AK-47 en cinco embarques realizados en la nave Otterloo.
Como autor material del asesinato se señala al sicario Maximiliano Casas Sánchez, quien junto a Omar Ramírez y Luis Fernández Alvarez ejecutaron la operación en el Club Ecuestre de Clayton. Casas Sánchez también mantiene aquí una condena de 20 años por el asesinato del cubano Juan Francisco Molina.
Sobre la ausencia de la gobernadora Irlena Brown en el sorteo dominical de la Lotería, Moscoso señaló que si no acudió era porque simplemente no estaba en el país.
"Yo la semana pasada firmé una autorización para que la gobernadora saliera del país por tres o cuatro días", informó. Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Economía, Rolando Gordón Canto, calificó de negativa la medida de contención aprobada por el Gobierno Nacional, porque los efectos serán aún peor para la deteriorada economía panameña.
Recomendó que en vez de disminuir los gastos de inversión se debió eliminar los de funcionamiento y rebajar los altos salarios. "Todavía la economía no ha tocado fondo y no hay indicios de que empiece a recuperarse", señaló.
Explicó que los ingresos del Estado siguen cayendo y le quedan dos alternativas: se endeuda o recorta gastos. "No estamos de acuerdo conque se recorten gastos en cuestiones prioritarias como salud y educación, cuando se debió reducir gastos de contingencia y salarios", apuntó.
Indicó que el Gobierno debe poner el ejemplo recortando los altos salarios, uso de celulares y otros gastos. Advirtió que bajo ninguna circunstancia se debió recortar las inversiones porque eso significa menos fuentes de empleos y dinero en circulación.
"Hace tiempo debieron realizar estos ajustes y no ahora ni mucho menos en el renglón de inversiones, porque significa puentes, carreteras que no se construirán", enfatizó.
