La fiscal primera superior Maritza Royo responsabilizó a los abogados defensores de producir los aplazamientos de un 50% de las audiencias y alegó que se requiere de la aplicación de sanciones para los que no cumplen con su deber.
Royo aseguró que cifras estadísticas manejadas por el Ministerio Público señalan que entre los meses de enero y mayo se programaron un total de 3,785 audiencias en todo el país, de las cuales se pospusieron 2,105 y sólo se realizaron 1,680.
La funcionaria de instrucción sostuvo que esta situación aumenta la carga dentro de los despachos judiciales, debido a que las audiencias pospuestas son reprogramadas para otras fechas y que ello se une al torrente de nuevos expedientes a tramitarse dentro del despacho.
Explicó que en la provincia de Panamá, en ese mismo lapso, se programaron 2,233 juicios ordinarios de los que se celebraron 1,061 y se suspendieron 1,172. Mientras que en la provincia de Chiriquí, se tenían programadas 581 audiencias ordinarias, se efectuaron 134 y se suspendieron 447.
Detalló que debido a la saturación de algunos circuitos judiciales por la gran cantidad de audiencias se ha buscado como mecanismo trasladar los juicios por jurado de conciencia hacia otros distritos judiciales, en donde las fechas no se encuentren llenas.
También reveló que según las estadísticas el 43.69% de los detenidos está procesado por delitos relacionados con drogas, el 29.75% por delitos contra el patrimonio y el 16.06% por homicidios o intento de asesinato.
De acuerdo con la fiscal sólo 1,980 de los detenidos en el país se encuentran a órdenes del Ministerio Público, mientras que el resto mantiene sus procesos en los despachos de jueces, tribunales y salas del Organo Judicial.
Planteó la necesidad de buscar alternativas para solventar las ausencias de los abogados a las audiencias y el hacinamiento en los centros penitenciarios, que a su juicio son hechos estrechamente relacionados.
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