Fiscala abre proceso contra pastor 'c1lvarez

UN PROCESO penal contra el pastor evangélico, Edwin Álvarez y el presidente de la sociedad Emaus S.A., Manuel García, por el supuesto delito contra la economía nacional (insolvencia fraudulenta), instruye la Fiscalía Tercera de Circuito Penal.
Álvarez, quien aparece como suscriptor de la sociedad Emaus, cuya ficha de inscripción es la 438143 en el Registro Público, ha sido llamado a rendir declaración indagatoria.
La génesis del proceso inicia cuando se promovió un secuestro con el fin de no conceder el pago de B/.4, 725 a la empresa Multi Servicios de Construcción S.A., por la albañilería en la edificación de la barriada Emaus Hill, en Arraiján.
La fiscal tercera de circuito encargada, Gladys Quintero, explicó que la sociedad Emaus, S.A., realizó un contrato de construcción de una barriada en Sacramento, Nuevo Emperador en Arraiján, desde hace más de un año.
Los directivos de la sociedad Emaus eludieron el pago de la obligación contraída y simularon distintos procesos en los cuales se realizaron supuestos cobros, indica el documento de la fiscalía.
Se ha podido determinar que contra la sociedad existen múltiples procesos ante el Juzgado Decimocuarto de Circuito, ramo civil; Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil y el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil, luego de la denuncia penal interpuesta por el abogado Mauricio Salinas.
Los procesos descritos se presentaron con el objetivo de eludir la responsabilidad con la empresa Multi Servicios, al promoverse un secuestro sobre los bienes de Emaus, S.A., por parte de la Asociación Cristiana de Comunicación, también perteneciente al grupo evangélico Hossana.
El pastor de Hossana, Edwin Álvarez negó a Panamá América que apareciera como representante legal de la sociedad Emaus
"No se quien hizo el contrato, no aparezco por ningún lado. No soy nadie en Emaus", afirmó.
Explicó que Emaus contrató a un ciudadano colombiano de nombre Edilberto Valencia , quien dejó de pagarles a algunas personas en el proyecto Emaus Hill, localizado en el distrito de Arraiján.
El artículo 388 del Código Penal indica que por quiebra e insolvencia, se estipula una sanción de seis meses a dos años de prisión.