Como arbitrario fue calificado el hecho de que empresarios investigados por diferentes casos gocen de medidas cautelares distintas de las ordenadas a exministros y funcionarios, expresaron críticos de las autoridades de justicia.
Incluso se cuestiona "cómo pueden jueces y fiscales explicar que exministros estén presos y que a los empresarios que corrompieron les mejoren las condiciones ...".
Solo esta semana se cuestionó cómo presuntamente al comerciante Felipe Pipo Virzi se le haya permitido flexibilizar la medida cautelar que le fue impuesta de casa por cárcel, al acudir a una notaría para la inscripción de una finca en Veraguas.
Anteriormente, al empresario Roberto Carretero se le reconsideró la medida de detención preventiva, por el caso de venta de bolsas de comida, repartidas mediante el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
No obstante, en este mismo caso, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, ha permanecido en la sede de la Dirección de Investigación Policial, en el sector de Ancón, y a pesar de la petición de su defensa de cambiar la medida, al argumentar que "no han podido determinar qué pasó con los granos".
Para el abogado Eduardo Sequeira, defensa del exministro, "hasta ese momento se desacreditaron, porque el Ministerio Público no tiene claridad sobre qué pasó con los granos".
Al respecto, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, ha dicho que el Ministerio Público no aplica una justicia selectiva en las medidas cautelares que impone, sin embargo, se estaría contradiciendo al excusar que no puede hacer nada -sobre la condición de los detenidos- y en las medidas que los fiscales han ordenado.
Claves
22- es el artículo de la Constitución que consagra la presunción de inocencia en Panamá.
- sería el artículo del SPA en el que se basan las autoridades para filtrar información de casos.
