Dos exfiscales y un exprocurador general de la nación coinciden en que las sumarias en casos de alto perfil y otros no se están manejando de forma correcta.
La razón es que luego de ordenar detenciones preventivas de los sumariados, los propios fiscales o jueces les conceden medidas cautelares menos severas que una celda.
Por ejemplo, los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez recibieron casa por cárcel, aunque el último está detenido porque tiene un proceso penal por posesión ilegal de arma de fuego.
Según el exjefe del Ministerio Público Rogelio Cruz, en el sistema actual, los fiscales también son jueces, a pesar de que las reformas al Código Judicial incluyeron fianzas a delitos que no las tenían y amplían facultades para conceder medidas cautelares menos duras.
Explicó que se reformó el Código Procesal Penal para establecer límites a las medidas de detención preventiva que pueden ordenar los funcionarios de instrucción, aunque aún hay fiscales y jueces que siguen adheridos al Código Judicial sin darse cuenta de que esas medidas se modificaron en el Código Procesal Penal.
Dijo que el problema que tiene el Ministerio de Gobierno con las cárceles atiborradas de presos sin condenas se debe a la "arbitrariedad" del Ministerio Público.
"El Ministerio Público es el culpable del problema que tiene el Órgano Ejecutivo con cárceles atiborradas de presos sin condenas", aseguró.
Señaló que no existe una coordinación entre los órganos Ejecutivo y Judicial para poner fin a este abuso de los fiscales.
Precisó que algunos jueces no se atreven a cambiar las detenciones preventivas por la inexistencia de una línea de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras, el exfiscal electoral y abogado litigante Víctor Almengor manifestó que los acusados son quienes deben demostrar su inocencia, cuando debe ser lo contrario, que la persona es inocente hasta que el Ministerio Público demuestre lo contrario.
"Son todos los imputados los que deben demostrar que son inocentes a lo largo del proceso y mientras están detenidos", señaló Almengor a Panamá América.
Agregó que los fiscales se están dando cuenta de que las medidas cautelares, como la detención preventiva, tomadas de forma apresurada, deben ser sustituidas con otras menos severas.
Entretanto, el exfiscal auxiliar de la República Neftalí Jaén consideró que como ve la situación de detenciones preventivas, hay un mal manejo de los casos, incluso dijo que la procuradora general de la nación, Kenia Porcell de Alvarado, emite conceptos sobre los expedientes antes de que sean trasladados a los juzgados.
Jaén destacó que, afortunadamente, la ley permite que el fiscal, juez o tribunal superior cambie una detención preventiva por una medida menos dura.
"El sistema permite que se revise, y se entiende, pare evitar los daños irreversibles al investigado", afirmó el abogado.
Puntualizó que cuando una persona es detenida, nadie le devuelve los días que estuvo presa.
Preso durante 16 años, y jurado de conciencia lo declara inocente
El 14 de febrero de 1987 se descubrió el homicidio del empresario gallego Manuel Vásquez López, propietario del prostíbulo la Gruta Azul.
Días después de las investigaciones realizadas se detuvo al taxista Branca Pagán, quien llevó, sin saber las intenciones, al colombiano Jesús María Zuleta hasta Portobelo, en Colón, a una propiedad del reconocido empresario español.
Branca estuvo en prisión preventiva durante 16 años hasta que el caso fue a juicio en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y fue declarado inocente del cargo de homicidio.
Después, el trabajador del volante entabló una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por los más de tres quinquenios que estuvo preso.
Por este caso se condenó a Zuleta y al exmilitar Jorge Eliécer Bernal a 20 años de cárcel; mientras que José Beladino “Pepe” Vásquez Vásquez, hijo del excomerciante, tras una larga batalla judicial, fue condenado en España por la muerte de su papá.
