La Fiscalía Auxiliar formuló cargos a 186 ciudadanos bocatoreños que participaron de los enfrentamientos con la policía en esa provincia.
Una alta fuente del Ministerio Público explicó que a estas personas se les investigará por delitos contra la vida e integridad personal, contra la libertad, contra la seguridad colectiva y contra la personalidad jurídica del Estado.
Detalló que estos delitos conllevan penas de prisión que van desde los tres hasta 25 años, no tienen conversión de penas a días multas ni tampoco medida cautelar.
Nada más por incendiarismo, que se incluye en el delito contra la seguridad colectiva, se establece una pena de 15 años, aclaró.
Estas personas están detenidas en el Grupo de Acción Social (GAS) de la Policía Nacional y otro grupo está recibiendo atención médica en hospitales de la ciudad capital.
Se informó que para los próximos días se espera la llegada de otras 120 personas, a quienes también se les formularán cargos.
A pesar de las exigencias de los dirigentes sindicales, el presidente Ricardo Martinelli advirtió que no derogará la Ley 30, la cual será interpretada "tal cual" indica su contenido.
Asimismo, Martinelli responsabilizó a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) de querer "acabar" con el Estado de derecho y sembrar el caos en Changuinola.
"No permitiremos que la industria del banano en Changuinola desaparezca, por dirigentes como los del SUNTRACS que no tienen idea de lo que es la democracia en un país", expresó.
A juicio del Presidente, el problema en Bocas del Toro se debe a la "desinformación y a una serie de mentiras", debido a que los derechos de los trabajadores se mantienen igual y no han sido eliminados con esta ley.
"La intransigencia de un grupo de sindicalistas no puede acabar con la industria bananera en Changuinola", planteó.
Martinelli, quien se reunió en horas de la tarde de ayer con sus ministros, expresó que se continuará el diálogo para llegar a un entendimiento con todas las partes en las próximas horas.
Buscan a Jované.
El profesor y dirigente político Juan Jované denunció que miembros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se apersonaron a su residencia exigiendo que los acompañara.
Jované afirmó que los agentes no mostraron ninguna orden de conducción, por lo que indicó que no iría a ningún lugar sin su abogado.
"Esto ya es represión, y desde este momento me declaro en huelga de hambre hasta que se me haga justicia", anunció.
Aseveró que las unidades le amenazaron con allanar el inmueble.
Por otra parte, a últimas horas de la tarde de ayer, la policía allanó la residencia del secretario general del SUNTRACS, Genaro López, en el sector de El Crisol.
De acuerdo con el hijo del dirigente, se enteraron ayer que existe una orden de captura contra el dirigente obrero. López no estaba en casa.
