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A escasas horas para que se efectúen los comicios parciales en el oriente chiricano, en los que se escogerá al diputado del circuito 4-6, la fiscalía electoral tuvo que intervenir en dos actividades que amenazaban con alterar el proceso electoral.
El fiscal electoral de Chiriquí, José Félix González, inició una investigación, luego de que ordenara la paralización de entrega de bolsas de arroz a residentes del circuito.
González especificó que fueron tres furgones, identificados con el logo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que contenían alrededor de 700 quintales de arroz.
Comentó el fiscal que al preguntarles a las personas que manipulaban los articulados por el destino de la mercancía, le afirmaron que era para la comarca Ngäbe-Buglé, sin embargo, al regresar al sitio se encontró con una fila de 100 personas que estaban retirando las bolsas para llevárselas a sus hogares.
“Iniciamos la investigación; tenemos las fotos, placas, y el nombre de la compañía que distribuyó la mercancía”, especificó el fiscal.
Aunque el fiscal no quiso referirse al posible responsable de la entrega de estos enseres a pocas horas de las elecciones que nuevamente enfrentará a Ana Giselle Rosas de Vallarino, de Cambio Democrático (CD), y Jorge Alberto Rosas, de la alianza entre el Panameñista y el PRD, todo apunta a que la maquinaria oficialista estaría detrás de esas irregularidades.
Solo el pasado jueves, el diputado panameñista y hermano del presidente de la República, José Luis Varela, distribuyó juguetes a niños del distrito de Tolé.
Red de Oportunidades
Por otra parte, el fiscal González recomendó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que suspenda la entrega del programa Red de Oportunidades que está prevista para hoy, en el oriente de Chiriquí.
Según González, son más de 1,000 bonos que serán entregados a madres de familia del área, por lo que sugiere que este subsidio sea distribuido en otra fecha, ya que la actividad se podría malinterpretar, dada su cercanía con la repetición de las elecciones.
Esta anomalía se suma a la detectada en Santiago, en la que, de igual forma, se denunció el uso de recursos del Estado.
