Fiscalía no puede cubrir levantamiento de cadáveres

Ante la falta de recursos económicos, la Fiscalía Auxiliar enfrenta dificultades para atender todas las defunciones que se registran en la capital. Y según el Fiscal, Carlos Augusto Herrera, esto obedece a que a esa entidad no le compete el levantamiento de las muertes naturales.
Herrera asegura que son los municipios y Salud, los que deben realizar esta instrucción, ya que la Fiscalía acude por casos de muertes ocasionadas y violentas.
El Fiscal dijo que hace un tiempo funcionarios municipales asistieron a la Fiscalía para tomar adiestramiento en este procedimiento, pero que estas personas no retornaron, luego de varias clases.
Consideró que la cantidad de muertes, entre los casos por defunciones naturales y las provocadas, está ocasionando que los vehículos fúnebres no puedan hacer el levantamiento de la mayor cantidad de casos, lo que se desprende de las denuncias de las personas por el retraso en acudir a realizar la instrucción judicial.
Sin embargo, hay quienes adversan esta afirmación de Herrera, ya que el director de Legal y Justicia del Municipio Capital, Juan García, afirmó que toda muerte aunque se produzca en una residencia, debe comprobarse que no ha sido inducida y que esa capacidad para determinarlo la tiene la Fiscalía.
Aseguró que durante ocho años trabajó en el Ministerio Público ocupando el cargo de personero y que durante ese periodo nunca conoció que la competencia para ordenar el levantamiento de un cadáver la tengan las autoridades municipales o de Salud.
“A priori no puede certificar si una persona murió de causa natural o provocada, por eso es que siempre al Ministerio Público le compete el levantamiento del cadáver”, aseguró.
García señaló que la figura del levantamiento le corresponde exclusivamente a la Fiscalía, porque es una diligencia judicial propia de esa dependencia.
Agregó que por más que se diga que la muerte fue natural, siempre se debe investigar a no ser que se tenga un certificado médico de defunción.
“Qué ocurriría si de repente dicen: “Murió por causas naturales y lo cierto es que fue inducida o provocada. Entonces, todas esas cosas son propias de la autoridad de instrucción; en este caso, la Fiscalía Auxiliar”, reiteró García.
No obstante, el director de Legal afirmó que anteriormente existía una norma en el Código Administrativo que establecía la competencia de los temas de inhumación, exhumación, transporte y conservación de los cadáveres, pero que ésta fue subrogada por disposiciones del Código Sanitario.
Mientras que Humberto Mas, del Instituto de Medicina Legal, respalda la posición de Herrera.
Mas señala que lo ocurrido es que muchas familias, de bajos recursos, aprovechan que la Fiscalía tiene un carro fúnebre y acuden pensando que es una muerte de interés judicial.
Pero que sólo el hecho de trasladar el cadáver, significa hacer una boleta de autopsia innecesariamente, lo que incrementa los costos, agotando los suministros que tiene el Instituto.
“Nos ponen a hacer una apertura o protocolo, una serie de cosas que nos distraen del cúmulo de autopsias más importantes desde el punto de vista de la justicia”, señaló.
Aseguró que están conversando con el Ministerio de Salud para establecer las autopsias que les corresponde, igualmente las muertes por enfermedades infecciosas.
Dijo que de llegar a un acuerdo, necesariamente los municipios y el MINSA, entonces deberán adquirir sus carros fúnebres.
Pero el doctor Carlos Rodríguez, desvincula al Ministerio de Salud en el tema y ratifica los señalamientos del funcionario municipal que esta competencia es exclusiva del MP.
“Ningún personal de Salud puede trasladar ni ordenar el levantamiento de cadáveres, ni mucho menos se puede trasladar muertos en las ambulancias”.
Dijo que eso ha sido dispuesto así en el Código Sanitario y es una norma que debe cumplirse y que le compete a la Fiscalía hacer los levantamientos y determinar las causas de muerte y no de Salud.
En el caso de formaldehído, está sujeta a un permiso previo con determinadas condiciones para su transporte y uso. Esta acción no se cumplió, reveló Morales.
Al llegar la sustancia peligrosa a Aduana, se debe regular que los funcionarios actúen en forma eficiente. Morales admitió que los funcionarios desconocían algunas normas sobre la materia. El Ministerio de Salud no se las había dado a conocer, y ese es otro vacío.
En materia de transporte, dentro del país hay una serie de regulaciones en cuanto a custodia, señalización, capacitación del conductor para actuar en caso de urgencia y equipos necesarios para atender eventualidades. Reconoció Morales que existen regulaciones sobre cómo atender las urgencias, quién debe llegar primero al lugar de los hechos, hacia dónde se tiene que movilizar el transporte para atenderla con seguridad; esto incluye un Protocolo de Atención y se llama Acciones de Comando. En este sentido también existen vacíos, indicó Morales.
Simplemente, hay vacíos en todas la secuencia de lo que aconteció con el contenedor.

Según Morales, el accidente ocurrido con el contenedor ha servido para que las autoridades se percaten de los vacíos y coordinen acciones para mejorar. Es así que el Ministerio de Salud ha enviado los reglamentos sobre la importación de sustancias peligrosas a las empresas importadoras. Se han efectuado 5 capacitaciones de los sectores involucrados en la protección civil.
Además, se han enviado orientaciones precisas a los inspectores de Aduana sobre la lista de sustancias peligrosas tal como lo establece el Convenio de Basilea. Se han ubicado al personal idóneo para atender estas urgencias.
Recordó que existen acuerdos internacionales sobre la materia tales como el Convenio de Basilea, de Rotterdam, Estocolmo y REDCA, todos ratificados por Panamá.
El problema es que falta capacitación y recursos financieros para la correcta aplicación. Se espera que en el futuro se coordinen acciones Centroamérica para atender las de carácter regional.
Entre tanto, un equipo de abogados de las respectivas instituciones analizan la normativa legal en Panamá sobre materiales peligrosos. El objetivo es que si se detectan vacíos, podrá surgir la propuesta de nuevas regulaciones.