Después de cuatro años y medio de la muerte de la empresaria Cristina María García Eleta, ayer se realizó el juicio contra la unidad del Servicio de Protección Institucional (SPI), Felipe Beitía, acusado de homicidio culposo, y contra otras siete personas más sindicadas por robo agravado en perjuicio de la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de Corozal.
Guillermina McDonald, quien representó a la familia de García Eleta, pidió al juez cuarto penal suplente Fabio Fernández que impusiera la pena máxima a Beitía. La condena máxima por este delito oscila entre los dos y cuatro años de prisión.
McDonald alegó que Beitía actuó con impericia e incumplió con el reglamento interno del SPI, pues en el artículo 33 se establece que no se debe usar la fuerza letal cuando hay peligro de una tercera persona o existe un rehén. Por su parte, la fiscal décima de circuito Vielka Vargas de Byrne solicitó sentencia condenatoria para Beitía por homicidio culposo y para los otros siete imputados por el delito de robo agravado.
En tanto, Ronald Hurley, abogado defensor de Beitía, argumentó que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan. Este hecho se registró en octubre del 2007, en medio de un tiroteo entre el SPI y delincuentes que intentaban robar en la agencia del IDAAN, en Corozal.
