La Fiscalía Auxiliar de la República formuló cargos de corrupción de funcionarios públicos contra tres detectives de la Policía Técnica Judicial (PTJ), tras determinarse que se dedicaban a borrar información vital del llamado Banco de Datos.
Se trataba de información de unas siete personas que solicitaron permisos para portar armas de fuego, pero sus antecedentes penales habían sido eliminados, situación que originó la sospecha.
Una fuente judicial dijo que los funcionarios judiciales, de apellidos Saldaña, Jiménez y García, de las secciones de Permiso de Armas, Tecnología y Hurto de Autos de la PTJ, negaron su participación en estos hechos.
Alex Sánchez, abogado de dos de los detenidos, manifestó a Panamá América que ha solicitado la fianza de excarcelación, pues considera que no hay méritos para ordenar la detención de sus defendidos.
Explica Sánchez que las investigaciones en perjuicio de sus defendidos no tienen fundamento y que se han basado en señalamientos de terceros, personas que no han sido llamadas a declarar dentro del proceso.
