Una fuente del Ministerio Público confirmó la existencia de una investigación judicial en donde se menciona a Foster Weeden, hermano del contralor Alvin Weeden, a raíz del decomiso de un cargamento de drogas en Chiriquí, pero aclaró que éste no tiene la calidad de imputado.
Agregó que esta investigación se abrió hace un par de semanas tras el decomiso de un cargamento de cocaína que fue ubicado en una propiedad, sin embargo, manifestó que esto no se había revelado para evitar que se usara como un arma política.
Precisó que en esta investigación Weeden rindió una declaración jurada y que no existe ningún tipo de señalamiento en su contra como involucrado con el cargamento decomisado.
En tanto, la presidenta Mireya Moscoso salió ayer en defensa del contralor Weeden ante las acusaciones de presunta corrupción esgrimidas en su contra por el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares. Moscoso aseguró que Weeden es una "persona seria, honrada y un excelente trabajador", por lo cual las acusaciones que se hacen en su contra no son serias.
Sostuvo que conversó con los directores de la Policía Técnica Judicial y de la Policía Nacional, Jaime Jácome y Carlos Bares, respectivamente, y éstos concordaron en que las acusaciones de Pérez Balladares en contra de los Weeden no son ciertas.
Pero detrás de todo este dilema hay quienes piensan que hay otro tipo de intereses. Este es el caso del gerente de Telecarrier Ernesto Baca uno de los primeros en denunciar la demora en la implementación de la interconexión y que pretende presentar una demanda contra CWP.
Baca señaló que se está apuntado a un sólo objetivo "conseguir el fondo de servicio universal". Su posición está sustentada en que CWP heredó una red construida por los panameños para lo cual tuvo un beneficio de monopolio por muchos años con obligaciones de servicio universal. Incluso, aseguró que la empresa fijó en principio un monto inicial de 30 millones de dólares , cifra que fue variando.
"¿Será este fondo simplemente para subsidiar a una empresa en lugar de abrir la competencia?" preguntó Baca. Las posiciones sobre este tema están dadas, ahora corresponde al ERSP intervenir para definir la situación que afecta no solamente a las empresas que participan en el mercado nacional, sino a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
