Bajo la ponencia del magistrado Jorge Fábrega Ponce, esa corporación determinó que el juez Malcom no había incurrido en la alteración de resoluciones judiciales ni había faltado a las normas de la ética judicial.
Las quejas contra el juez Malcom fueron presentadas por el abogado Paulino Abadía Cajar y la firma forense Morgan & Morgan en las que se le atribuyeron cargos de abuso de autoridad y corrupción de funcionarios públicos y faltas a la ética.
En cuanto a los cargos formulados por la firma Morgan & Morgan los magistrados estimaron que ya hubo un pronunciamiento de esa corporación de justicia sobre estos cargos contra el juez Malcom, cuya investigación estuvo a cargo del Procurador José Antonio Sossa y ese proceso penal fue declarado nulo. A la vez señalaron que lo mismo ocurre con los cargos consistentes en faltas a la ética, por la supuesta alteración de resoluciones judiciales, en los que se determinó la falta de fundamento de las faltas atribuidas al juez Malcom.
Con relación a las pruebas aportadas por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, entre las que se incluyen detalles de cuentas bancarias, se establece que no se da cuenta de la persona responsable encargada de elaborar el informe. Además establece que en el evento que la información haya sido obtenida de las propias instituciones bancarias, la misma debería ser suscrita por la persona que dentro de esa institución es responsable por ella y que la única manera de accesar esta información es cuando sea requerida por autoridad competente y conforme a los trámites legales pertinentes.
Jované sustenta su denuncia en el manejo que ha dado el Banco Nacional de Panamá (BNP) a los recursos del Seguro Social, y acusó a esta entidad financiera de violar la Ley Orgánica de la institución al no pagarle los intereses del mercado en la colocación de bonos. Los ingresos de la institución provienen en 3/4 partes de la cuota obrero patronal (más del 75%), 1/5 de los ingresos financieros, y 1/20 de los aportes del Estado.
El diálogo ha caído en un "punto muerto", porque no existen las condiciones para que los grupos retomen las conversaciones a fin de analizar las diferentes propuestas, ahora que se entregó la base de datos depurada por parte de los técnicos actuariales de la CSS.
De acuerdo con análisis financieros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de actuarios panameños, para el pago de pensiones la CSS presentará una crisis financiera superior a los B/.2,500 millones en los próximos años.
Al respecto, el dirigente del sector obrero y secretario de la Confederación de Unidad Sindical (CoNUSI), Gabriel Castillo, señaló que el diálogo ya perdió su razón de ser, ya que no lograrán ningún acuerdo en la mesa.
"El diálogo debe ser clausurado, porque ya rindió sus frutos en tres programas hasta el 14 de noviembre del 2002, que son Administración y Gestión, Enfermedad y Maternidad, y Riesgos Profesionales", acotó.
Consideró que el diálogo fue positivo debido a que ofreció un diagnóstico de la situación del Seguro Social, sobre todo del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, sustentó que el sector obrero no está dispuesto a cargar más con el sacrificio de la seguridad social, pues ahora le toca al patronal.
Para el representante del sector empresarial, Juan Lacalle, no hay transparencia de parte de la administración de la CSS en educar a la población sobre los problemas de la institución.
"Algunos sectores se han ido a la demagogia, porque quieren mantener el poder dentro de la institución", acotó.
Subrayó que estos "apetitos" le costarán mucho al pueblo panameño y a la clase trabajadora, que está siendo utilizada.
Negó que exista la intención de privatizar la institución, porque la situación es tan grave que aquellos que no aportan al sistema han contribuido a que el "hueco no sea mayor".
Planteó que el diálogo debe continuar y no permitir que cuatro grupos, de un total de 24 organizaciones, lo cierren.
"El diálogo debe continuar y no convertirse en un foro de promoción de posturas políticas y confrontación", añadió.
Precisó que desde el 2001 los ingresos del IVM sobrepasaron los gastos, porque el superávit de caja, que debió aumentar en el 2001 en más de B/.323 millones, sólo lo hizo en B/.34 millones, y el año pasado hubo que recurrir a las reservas que se redujeron en B/.10 millones.
Según Lacalle, es claro que los ingresos del IVM no serán suficientes para cubrir las pensiones de los jubilados en el 2010, por lo que habrá que recurrir a las partidas de los presupuestos de educación, salud, vivienda y otros.
Para el empresario, la mejor propuesta es el sistema de capitalización individual complementario, a través del cual el trabajador tenga derecho a contribuir en una cuenta personal.
Detalló que los rendimientos son más altos y brindan mejores beneficios, además se podría mantener el sistema básico solidario con pensiones mínimas.
Al respecto, Francisco Bravo, ex presidente de la Comisión Médica Nacional y representante ante la Junta Directiva de la CSS, afirmó que hay una crisis en el diálogo, porque hay posiciones opuestas que han provocado un "estancamiento".
Puntualizó que no se quiere llegar a un punto intermedio de consenso a pesar de que es necesario modificar la Ley Orgánica de la institución.
Señaló que todas las partes se deben sacrificar, porque el sistema actual no está funcionando y algunas de las alternativas son aumentar los años de cotización y la cuota obrero-patronal.
"No puede ser que un obrero que devenga 400 balboas mensuales, que paga dos balboas mensuales a Enfermedad y Maternidad, tenga derecho a consulta médica, hospitalización, tecnología de primera, servicios médicos, ultrasonido, además le cubre a su esposa, cuatro hijos, madre enferma y si tiene hijos por fuera, también", argumentó.
Sustentó que se debe modificar la ley, de lo contrario la institución va "cuesta abajo", debido a que no se pueden estancar y decir "no queremos que quiebre el Seguro Social, pero que paguen los obreros; y los obreros dicen, que pague el patrono. Paguemos todos", enfatizó.
Aumento de la edad de jubilación
Disminución de la tasa de sustitución
Aumento de la densidad de cuotas
Aumento de los años de cotizaciones acreditadas para el cálculo del salario base mensual
Diversificar la cartera de inversiones
Gravar los gastos de representación
Eliminar la morosidad y evasión.
Sistema de tres pilares con capitalización de cuentas individuales
Capitalización del sistema mediante aporte del Estado
Estas son algunas de las propuestas que se han planteado en la mesa de IVM, que con la base de datos depurada deben ser analizadas para determinar cuál sería el impacto sobre el sistema de seguridad social.
Las decisiones en cuanto a la seguridad social y su crisis han sido duras, y le tocó al gobierno del ex presidente Guillermo Endara asumirla con una modificación a la Ley Orgánica donde se aumentó la edad de jubilación a los hombres de 57 a 62 años y a las mujeres de 55 a 57 años de edad, este proyecto fue llevado a la Asamblea Legislativa por la legisladora de la Democracia Cristiana, Gloria Moreno de López, sin embargo, la pasada administración de Ernesto Pérez Balladares no tocó el problema.
Se trata de la institución creada por el extinto mandatario Arnulfo Arias Madrid, líder del Partido Arnulfista y esposo de la presidenta, Mireya Moscoso, y por ello, ella dice tener un "cariño especial por la institución y que jamás promoverá su privatización".
De no lograrse una decisión en el diálogo, le corresponderá al Organo Ejecutivo y al Legislativo encontrar alguna solución, sin importar el "costo político" y así garantizar que el sistema de seguridad siga funcionando, de lo contrario quebraría la CSS y por ende, el Estado panameño.
