Del control de precios nadie se acuerda porque fue una medida sin impacto, es la conclusión a la que llegan consumidores consultados por Panamá América.
A la percepción se suma la de Elisa Suárez de Gómez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) con argumentos que dan al traste con la intención planteada por el presidente Juan Carlos Varela aquel 1 de julio, cuando firmó el Decreto 165.
Es una política equivocada que no podemos apoyar, reafirma la presidenta del gremio. Se apoya en que la medida es contraproducente y no es la más adecuada si lo que se busca es beneficiar a la población.
Creemos en las medidas que sean a nivel del agro, incluso le hemos entregado proyectos que tienen que ver con el sector en Panamá. Esa es la fórmula para que el país tenga seguridad alimentaria y se ataquen las distorsiones. Lo que vaya en regulación a largo plazo es contraproducente, dijo Suárez.
Para apoyar el criterio reitera que el control se debería utilizar temporalmente para ver dónde están las distorsiones del mercado como la especulación y monopolio.
Para el sector, la propuesta educativa de fortalecer la construcción de centros educativos agropecuarios y técnicos son signos encarrilados en lo que se quiere sobre el abaratamiento de la canasta básica.
De esa forma se podría incentivar el amor por el campo para que jóvenes aprendan a producir con métodos y tecnologías agropecuarias, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ford, relaciona el rezago del decreto con políticas comerciales no vinculantes.
No podemos obligar a nadie, a un minisúper, a vender a un precio que no le va a representar tener ingresos y ganancias, expresó.
Aun así, Ford aspira a que se alcance cuanto antes el objetivo establecido y que la ciudadanía sienta la compensación social que se buscó, pero evitando afectar la libre empresa.
Los encuestados por Panamá América coinciden en que a pesar de que productos controlados están disponibles en las estanterías de los supermercados, el resto de los productos registraron un alza que nivela el costo de la canasta básica.
El escenario en las abarroterías, donde se estima compra 80% de la población, es diferente. Los propietarios de descendencia asiática prefieren no comercializar el producto por las bajas que registran.
En el minisúper Lueng, en San Pedro de Juan Díaz, el dependiente da testimonio de la práctica. Puso como ejemplo que en la venta de arroz, huevo y queso, las ganancias por unidad o libra no superan el centavo.
Con ese escenario, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reporta en su portal web que desde el 14 de julio, cuando se iniciaron los operativos, hasta el 8 de octubre, se han acumulado $325,173 en multas que corresponde al 13% de los comercios visitados que incumplen el decreto.
