Detalles del caso bajo investigación
88 fincas del Estado habrían sido inscritas de forma irregular a nombre de 35 sociedades.43 personas podrían estar vinculadas a la red que operaba a lo interno de varias instituciones. 8 de estas personas ya tienen medida cautelar ordenada por el Ministerio Público.
La investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el supuesto fraude en la inscripción de 88 fincas que pertenecen al Estado, no solo afecta una codiciada isla en el Pacífico, sino otras dos en el Caribe.
En total habrían sido traspasadas de forma irregular 311 hectáreas en la isla San Miguel en el archipiélago de las Perlas, y las islas Punta Laurel y Cayo de Agua en Bocas del Toro.
Por estas valiosas propiedades con la categoría de lotes baldíos se pagaron solo seis (6) dólares por hectárea con el aval de la dirección de Reforma Agraria durante los primeros meses del año 2009, a pesar de que la institución no tenía jurisdicción sobre costas e islas.
Todos los documentos llevan la firma de la entonces directora nacional de Reforma Agraria, Nadia Moreno, y la de Rosa Castro Cumbrera, secretaria “ad hoc”.
El 6 de enero de 2006 dos fincas del Estado en las islas Punta Laurel y Cayo de Agua fueron adjudicadas por Reforma Agraria a dos sociedades anónimas, de acuerdo a documentos del Registro Público.
Una de ellas es la finca 10346, de 100 hectáreas, en la isla Cayo de Agua, la cual fue adjudicada por 600 dólares a nombre de la sociedad Siempre Calificas 2020 S.A. Ahora la propiedad es comercializada por internet en 6 millones de dólares.
La otra es la finca 10345 de 85 hectáreas en isla Punta Laurel, la cual fue adjudicada por 516 dólares a la sociedad Paraíso Villa Verde Internacional S.A. Ahora la sociedad es comercializada en 3 millones de dólares.
Ambas propiedades quedaron en manos de la familia Río Puigjermanal, quienes tienen varios procesos por supuesta estafa y condenas en España.
Los Río Puigjermanal forman parte de la lista de al menos 43 personas que estarían vinculadas a la supuesta red que inscribió 88 fincas del Estado de forma irregular a finales de la administración de Martín Torrijos, la mayoría de ellos, familiares y allegados del diputado perredista Freidi Torres.
Igual suerte corrió la finca 300989, en la isla San Miguel, donde 126 hectáreas fueron adjudicadas por Reforma Agraria en 762 dólares.
A la fecha, ocho de estas personas enfrentan medidas cautelares, entre ellas José Edir Torres, quien inscribió en el Registro Público 58 de las fincas investigadas, y Jesús Morales, quien registró otras 19.
Dentro del caso también se investiga la falsificación de sellos, documentos y el extravío de los expedientes de Reforma Agraria.
