En Panamá, 72 mil 577 menores fueron inscritos el año pasado. De esta cifra, 65 mil 914 fueron registrados por ambos padres, 6 mil 327, por la madre y 336 de oficio, según un informe estadístico de la Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral. De acuerdo con Dámaso Solís, director de esta institución, se realiza una inscripción de oficio si transcurrido un año el infante no es anotado.
Para este procedimiento, la entidad de registro le otorga al menor un nombre común y el apellido materno, basándose en el parte clínico del hospital donde nació y luego de verificar que no esté inscrito en otro punto del país. Esto se efectúa en cumplimiento de la Ley 100 de 1974.
Agrega el informe, que en el 2000 se practicaron 3 mil 374 reconocimientos voluntarios, que ocurren cuando los padres se hacen responsables de su paternidad, después que sus hijos han sido inscritos por las madres.
También reveló que en los últimos seis años, de 403 mil 99 menores registrados en el Tribunal Electoral (TE), 33 mil 656 fueron anotados por la madre, 11 mil 656 de oficio y 12 mil 626, por reconocimientos voluntarios. Estas cifras indican que 45 mil 312 padres no se han hecho responsables de su paternidad, tomando en cuenta las inscripciones realizadas por las madres y por oficio.
El documento detalló que, desde la década pasada hay un aumento en el número de madres que inscriben a sus hijos. Ante la existencia de menores sin apuntar, Solís dijo que en Panamá hay más de 400 registradores auxiliares del TE, tanto en las regiones de difícil acceso como en la mayoría de los hospitales públicos y privados.
Detalló que los funcionarios ofrecen a los padres de los recién nacidos, formularios de inscripción, por lo que tildó de irresponsables a algunos padres que aumentan la incidencia de la tasa de registros de oficio. Recordó que en el pasado, los padres que no inscribían a sus hijos inmediatamente eran multados, sin embargo, esta sanción fue eliminada porque hacía que no se presentaran al Registro para evitar el pago.
Aclara que esto no sucede en el caso de los matrimonios porque el sistema de inscripción utiliza el apellido del esposo automáticamente. Solís se pronunció ante las críticas efectuadas por algunas instituciones no gubernamentales, a raíz de los resultados del estudio estadístico realizado por esta entidad.
Indicó que si se toman los 12 mil registros voluntarios efectuados durante los últimos tres años y se confrontan con las 20 mil 11 inscripciones maternas más las 3 mil 355 de oficio de ese mismo período, el resultado demostrará que más de la mitad de los padres reconocen a sus hijos voluntariamente.
INICIARAN LOS RECLAMOS
En cuanto al proyecto de ley sobre Paternidad Responsable, que se aprobó anteayer en la Asamblea Legislativa, advirtió que convertirá al Registro Civil en un juzgado.
Manifestó que, si la Presidenta de la República sanciona este proyecto de ley, durante el primer año acudirán unas 30 mil madres a reclamar la paternidad de los padres porque el proyecto prevé cinco años retroactivos.
De igual forma, comentó que los Juzgados de Familia tienen mucho trabajo, al igual que el Registro, sin embargo, este último no se negará a realizarlo siempre y cuando le brinden los recursos necesarios. Uno de ellos es la instalación de un laboratorio de ADN en la medicatura forense del Ministerio Público.
En Panamá, las pruebas de ADN tienen un costo aproximado de 700 balboas. En este sentido, Solís se preguntó si el Estado podrá hacerle frente al costo que representará este trámite legal.
El proyecto de ley sobre la Paternidad Responsable propone que la madre de un menor no reconocido voluntariamente, declare bajo la gravedad de juramento el nombre del padre ante el funcionario de Registro Civil.
Una vez recibida esta información, la entidad se encargará de notificar personalmente al presunto padre biológico, quien tendrá a partir del aviso, 10 días hábiles para declarar si es responsable o no de esa paternidad.
Si dentro del plazo el padre acepta su responsabilidad, el menor quedará inscrito con los apellidos de su padre y su madre, pero si se niega o no contesta a la notificación, el Registro Civil le ordenará una prueba de ADN obligatoria.
De asistir la madre y el menor, y no presentarse el presunto padre biológico a la práctica de la prueba sin justificación, la institución ordenará la inscripción con su nombre. Lo mismo sucederá si la prueba resulta positiva.
Si el Registro Civil del TE determina, a través de las pruebas de ADN, que es negativa la paternidad, la madre del menor será sancionada con ocho o hasta veinte meses de prisión por los daños causados.
PRIMERO ES EL COSTO SOCIAL
De acuerdo con el proyecto, el Organo Ejecutivo fijaría dentro del presupuesto del próximo año, las partidas requeridas para equipar y poner en funcionamiento el laboratorio del Instituto de Medicina Forense del Ministerio Público.
Esto se haría con el fin de adquirir los reactivos y recursos humanos necesarios para atender las demandas estimadas de pruebas de ADN. Es importante destacar que este proyecto de ley que modifica el Código de la Familia, propone que el reconocimiento por orden administrativa sólo se efectúe antes de cumplir el primer año de nacido.
En tanto, la legisladora Teresita de Arias, propulsora del proyecto, dijo que éste garantizaría la forma más rápida para que todo menor sea reconocido y lleve el apellido de su padre junto al de su madre.
Pese a que no se ha fijado el costo de la prueba, la legisladora dijo que si el padre es quien la solicita, él tendrá que pagar el precio. Agrega que en caso de que el Estado no tenga capacidad para costear las pruebas, se ordenaría su práctica en algunas clínicas privadas debidamente acreditadas, pero Arias está segura que se abaratarán con el tiempo.
Antes de precios, "hay que estar conscientes del costo social que representa al país miles de menores que carecen del reconocimiento y la protección de su padre de forma afectiva, moral y económica, lo que se refleja en la cantidad de menores infractores con ausencia paterna", agregó.
Arias dijo que no hay razón para pensar que el Registro se convertirá en un juzgado, porque su función no será juzgar sino tomar bajo la gravedad de juramento los datos proporcionados por la madre.
La legisladora dijo que "ya es hora de que todos vean cómo aportan y resuelven" y manifestó estar cansada de que siempre se anteponga el tema del recurso, porque aunque pocos, los hay y podrían utilizarse mejor.
Arias confía en que de aprobarse esta propuesta, frenaría la paternidad irresponsable, por lo que recordó a los caballeros que las pruebas son costosas y que, si no desean tener una relación duradera, tomen las precauciones debidas para no engendrar a una criatura.
QUE DICE EL PROYECTO
Por medio del proyecto de ley se introduce una nueva modificación Código de la Familia, que obligaría a los padres de familia a cubrir de manera proporcional todos los gastos en que incurrió la madre por el embarazo y el parto, así como los que se incurran durante el proceso de reconocimiento por esta vía.
Igualmente, el padre tendría que cumplir con el pago de una pensión alimenticia que comprendería desde el momento del nacimiento de la criatura hasta la fecha de la inscripción.
Según lo dispuesto en el proyecto de ley, el reclamo de estos derechos se tramitaría en los Juzgados Municipales de Familia de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código que rige esta materia.
Dispone el proyecto de ley que la madre de un niño o niña no reconocido voluntariamente por su padre puede declarar, bajo gravedad de juramento, el nombre del padre ante el registrador auxiliar del hospital o del centro de salud donde se haya producido el nacimiento o ante la dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral.
Con la referida propuesta de ley, se abre una nueva puerta para que haya menos infantes desprotegidos. Ahora queda en manos de la presidenta de la República la sanción o el veto, mientras tanto los nacimientos seguirán y habrá uno que otros padres que tratarán de escudrinar las leyes establecidas.
