Fuerza multinacional de paz para la frontera

Una propuesta para que se convoque una fuerza multinacional de paz que garantice la seguridad fronteriza y la defensa del Canal de Panamá contra la amenaza del terrorismo, propuso ayer el legislador Marco Ameglio, presidente de la Segunda Sesión Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA).
Mientras que el senador colombiano Germán Vargas Lleras, presente en el encuentro, insistió en la necesidad de “asfixiar” a los grupos terroristas por diversas vías, entre las cuales mencionó el intercambio de inteligencia, el seguimiento y hasta el uso de la fuerza.
Durante el encuentro, el también precandidato presidencial por el Partido Arnulfista, Marco Ameglio, insistió en que ante la amenaza del terrorismo, Panamá y los demás países de la región, no pueden asumir la política del avestruz y dejar de creer que el país es inmune a los efectos de estas fuerzas guerrilleras.
En materia económica, Ameglio expresó que la política de globalización no puede ser impulsada a “sangre y fuego”, razón por la cual considera que ha llegado el momento de limitar la importación de productos agrícolas que sean subsidiados y afectan los intereses del hombre del campo panameño.
"En este sentido, imagino que se deben sentir satisfechos con los avances que el país ha logrado a partir del año pasado", dijo Latorraca.
Según el funcionario, esto pondría a Panamá en una posición privilegiada a la hora de negociar una nueva carta, porque ya se han cumplido alguno de los lineamientos que eran considerados vitales para el Fondo.
Ahora el principal reto es retomar de forma sostenida el crecimiento económico, agregó.
La posibilidad de que Panamá firme una nueva carta de intención con el FMI depende de que se resuelva la discrepancia en un tema de asimetría sobre el uso de los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD).
La asimetría esta relacionada con la forma cómo el FMI contabiliza los 200 millones de dólares del Fondo Fiduciario, que fueron aprobados en el 2002 para financiar proyectos públicos.
De acuerdo con la institución ese dinero para inversiones pasaría de ser un activo a un pasivo.
Si esos 200 millones de dólares se contabilizan como deuda, habría entonces un 2% adicional al déficit fiscal y esto cambiaría por completo el balance que el Gobierno maneja y el cual concuerda con la Ley 20, que establece que el déficit fiscal no debe superar el 2% al cierre del año.