Claudio Grossman, jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos que visita Panamá, afirmó que los funcionarios deben estar abiertos a las críticas, siempre y cuando estén bien fundamentadas, por lo que no se justifica la vigencia de las leyes de desacato.
Grossman, quien se reunió ayer con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, encuentro en el cual el presidente de esta instancia, Felipe Cano, le presentó un informe de la situación en Panamá, manifestó que no se justifica que quien critique la gestión de gobierno sea sancionado penalmente.
En estos casos deben existir sanciones civiles o pecuniarias para quienes hagan críticas sin el fundamento debido o de manera injusta.
Con respecto a la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes cometidos durante el gobierno militar, Grossman manifestó que debe hacer lo posible por conocer lo que sucedió en esa época porque la historia condena a repetir los errores a quienes no la conocen.
Por otra parte, denuncias por abuso policial, destituciones injustificadas, demandas laborales y por construcción de un paso vehicular inadecuado, fueron entre otras, las quejas interpuestas ayer por ciudadanos panameños ante la CIDH, al tiempo que los representantes de este organismo se reunieron con la presidenta Mireya Moscoso.
El ex secretario general del Local 907, Ray Bishop, denunció el "atropello y abuso" del que fueron objeto los trabajadores que laboraron en las bases militares norteamericanas, ante la expiración de los Tratados Torrijos-Carter, y los cuales establecían el derecho a todos los beneficios del régimen laboral panameño, incluyendo décimo tercer mes e indemnizaciones.
El ex funcionario del MOP, Víctor Ramírez, denunció que fue destituido luego de ser atropellado por un auto patrulla conducido por un agente policial dentro de las instalaciones de su trabajo y no ha sido indemnizado.
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