Detalles
- Salario
- Un trabajador que entró como funcionario en la administración actual tendría derecho a una prima antigüedad de un mes de salario, correspondiente a una semana de salario por año trabajado.
- Cambios
- El registro promedio de trabajadores que cada quinquenio están expuestos a los cambios administrativos se mantiene en promedio de 25 a 35 mil funcionarios.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 610, por el cual se reconocen prestaciones laborales de indemnización y pago de prima de antigüedad a los servidores públicos en caso de despidos injustificados.
Con 37 votos a favor y por votación nominal, los diputados oficialistas enviaron el documento al Ejecutivo para su sanción y publicación en Gaceta Oficial. El proyecto de seis artículos entrará en vigencia el 1 de enero de 2014.
La disposición establece que toda persona nombrada permanente o eventual que sea despedida de su cargo en la administración pública de manera injustificada tendrá derecho a recibir una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua. En caso de que no se complete el año, el pago de la prima será proporcional al último salario devengado.
Además, se dará una indemnización conforme a la escala prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo por cada año laborado al servicio del Estado.
Amplían cobertura
El proyecto de ley 610 surgió 19 años después de que entró a regir la Ley de Carrera Administrativa, cuya intención fue asegurarle a los funcionarios una plaza de trabajo mediante un sistema de méritos y resistente a los vaivenes políticos.
Mariela Jiménez, directora de Carrera Administrativa, explica que con la entrada en vigencia del proyecto de ley 610 se “complementó” la ley de carrera, vigente desde 1994. Según información proporcionada por Jiménez, solo 16 mil servidores públicos cuentan con la certificación que los protege de los despidos injustificados. La cifra es equivalente al 7.4% de los 214 mil trabajadores que laboran en las 42 instituciones del Estado, y de los que la mayoría no contaba con un respaldo económico en caso de despido.
Sin embargo, la situación cambia cuando las cifras se someten al escrutinio político. La Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) calcula que unos 120 mil trabajadores han sido despedidos "víctimas del clientelismo político" desde que se instauró la era democrática en 1990.
Los dirigentes culpan a la serie de modificaciones que se le han hecho a la Ley 9 de 1994 (Ley de Carrera Administrativa) que le dejan la puerta abierta a la inclusión y exclusión de trabajadores, bajo el criterio del gobierno de turno, y sin ningún tipo de amparo.
No obstante, los cambios para la Ley 9 parecen ser su destino. A corto plazo se perfilan nuevas modificaciones para “flexibilizar” el documento según declaraciones dadas por Jiménez a Panamá América .
“Si bien el proyecto de indemnización es un complemento a la ley vigente, es necesario adecuarla a la realidad”. Jiménez se refiere a un sistema de evaluación al que tendrán que someterse los funcionarios, “y aquellos que resulten deficientes tendrán la opción de capacitarse y prepararse. La idea es que se profesionalice al funcionario”.
Justifican proyecto
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, sustentó la necesidad del proyecto de indemnización en que “poco le ha importado a distintas administraciones gubernamentales la aplicación de igualdad de condiciones a los servidores públicos con respecto al sector privado, que en el diario devenir participan en el crecimiento y fortalecimiento del Estado panameño, sobre todo en su avance indiscutible hacia una estructura jurídico-política de atención oportuna a las necesidades de los administrados”.
En los últimos siete años se han reportado unas 60 mil destituciones de trabajadores públicos, pero solo el 10% decidió entablar un proceso en las instancias judiciales. Es decir, unos 6 mil exfuncionarios mantienen recursos de reconsideración ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, según Alfredo Berrocal, secretario general de la Fenasep.
“Hay procesos que duran seis, ocho y hasta 10 años y eso es tedioso y costoso para una persona que fue despedida y que no tiene recursos”, es la explicación que hace Berrocal.
La experiencia respecto a los despidos injustificados llevó a la Fenasep y a las autoridades del Ministerio de Trabajo a buscar un punto en común.
En julio de 2012, 17 organizaciones de trabajadores, entre ellas la Fenasep, se reunieron con el jefe del Ejecutivo, Ricardo Martinelli, y la titular de Trabajo, Alma Cortés, para debatir sobre estabilidad, pago de décimos atrasados e indemnización.
En la mesa prevaleció el tema de los despedidos de forma “caprichosa”. Buscaban apoyarse en una herramienta legal que les permitiera a los funcionarios disponer de un respaldo económico en caso de despidos injustificados.
Diez meses después, el tema retornó al palacio presidencial. Esta vez en blanco y negro para su sanción. El tema se agotó ayer en el pleno de la Asamblea durante las sesiones extraordinarias. La titular de Trabajo valoró la iniciativa como "otra promesa cumplida a los empleados públicos".
Los grupos opositores aplauden la iniciativa, pero sugieren que la medida entre en vigencia una vez se promulgue el proyecto en Gaceta Oficial. Paralelo al trámite que proteja a la totalidad de funcionarios en la dirección de Carrera Administrativa, informan que 10 instituciones de las 42 dependencias del Estado están listas para iniciar el proceso de evaluación y acreditación de nuevos trabajadores a la ley de carrera, que actualmente beneficia a 16 mil trabajadores.
