La campaña electoral se ha adelantado para algunos ministros y directores de entidades autónomas que no han ocultado sus intenciones de correr para cargos de elección y publicitan su imagen, para lo que utilizan hasta redes sociales de entidades públicas.
Analistas y políticos cuestionaron la forma evidente con la que ministros, directores y hasta funcionarios que ocupan puestos medios buscan protagonismo.
Este es el caso del contralor general de la República, Federico Humbert, quien ha sido criticado de haber desatendido sus funciones constitucionales para priorizar su papel de político, incluso con el respaldo de otros oficialistas.
Una muestra de ello fue la participación de Humbert como abanderado de la cabalgata del pasado 19 de marzo en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, pese a las críticas de diversos sectores.
Según la presidenta encargada del partido Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, "el contralor Federico Humbert no está cumpliendo con su rol de fiscalizador, sino de perseguidor".
Además, destacó que Humbert "tiene aspiraciones políticas para ser candidato a la presidencia de la República".
Cortés fue más allá en señalar que Humbert estaría fortaleciendo nexos políticos para fraguar desde el cargo influyente que ocupa en este gobierno su propia candidatura hacia la silla presidencial.
"Federico Humbert lo que está jugando es un papel de pescar para ver con quién puede lograr una postulación; no está haciendo el trabajo de fiscalización y control del gasto público", afirmó la exministra de Trabajo.
Se ha cuestionado el papel del contralor Humbert en la legalización de un manual para el otorgamiento de donativos por parte de diputados, que a su vez fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Humbert no es el único que está buscando ganar popularidad desde un puesto público.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, fue denunciado, recientemente, por el diputado Samir Gozaine, del PRD, por usar su cargo para realizar proselitismo político.
Al también vicepresidente del Partido Panameñista se le ha mencionado como una figura presidenciable dentro del colectivo gobernante.
Y es que en el Miviot huele a elecciones, ya que el viceministro, Jorge González, se proyecta como candidato a diputado por Arraiján y ha sido cuestionado por realizar proselitismo durante actos de entrega de casas.
Otro que pretende catalpultarse a la carrera política desde su puesto, es el director del Instituto Nacional de Desarrollo Humano (Inadeh), Samuel Rivera, quien ha sido acusado de proyectarse para un cargo de elección en San Miguelito, a través de las redes sociales.
A juicio del abogado Ernesto Cedeño, esto ocurre porque en Panamá no hay una ley que vede a los funcionarios de participar en cierto tipo de actividades.
"La verdad es que no hay inconvenientes; la Constitución no lo prohíbe y por eso lo practican; está en la libertad de expresión y las personas los invitan para promocionar su figura, pero lo que sí veo indigno y que se debiera legislar es que quienes ocupan un puesto público promocionen sus nombres en bienes públicos".
Cedeño afirmó que se trata de una práctica por parte de diputados y figuras de elección popular que colocan sus nombres a ambulancias y donaciones en los distritos, corregimientos y circuitos electorales.
Aunque para el dirigente gremial Fernando Cebamanos, esto ocurre en actos que no son oficiales, su objetivo es promover la imagen de personas y "ya hemos visto vallas publicitarias de candidatos".
"Evidentemente, es una promoción electoral, pero no debe ser permitida, pues un político tiene sus objetivos y más si desempeñan un cargo como contralor general de la República", destacó.
Para Cebamanos, más que ser inmoral, amerita que la ley electoral se modifique para extender el periodo que tienen los funcionarios de dejar sus cargos si desean correr a un puesto de elección popular, ya que actualmente es de seis meses, pero se ha propuesto que sea de un año.
"Un año es un tiempo prudencial, pues ya las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay que frenar esas promociones personales", indicó.
Números
6 meses antes de las elecciones es el periodo para que un funcionario renuncie a su cargo.
26 meses restan para celebrarse las próximas elecciones generales en Panamá.
