El proyecto de fallo que circula en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que definirá la constitucionalidad o no de la resolución aprobada por la Asamblea Nacional para devolverle la nacionalidad panameña a Bosco Vallarino, crea suspicacia entre políticos y abogados.
El diputado y asesor de la Alcaldía de Panamá, José Blandón, manifestó que antes del 1 de julio no había un proyecto en ese sentido circulando en la CSJ, pero el miércoles 6 de este mismo mes se dijo que ya existía, lo cual es muy sospechoso.
“Sería lamentable que el fallo salga ahora, producto de la coyuntura política”, expresó Blandón.
Blandón explicó que la CSJ definirá la constitucionalidad o no de la resolución aprobada por la Asamblea, no la salida del cargo. Destacó que si se actuara en derecho, y el fallo declarase la inconstitucionalidad de la resolución, debería ser el Tribunal Electoral (TE) el que determine el futuro del alcalde.
Por su parte, el abogado y candidato a la alcaldía capitalina en las pasadas elecciones, Miguel Antonio Bernal, atribuyó el surgimiento de ese proyecto a las diferencias entre los aliados del Partido Panameñista y Cambio Democrático (CD).
Bernal indicó que todo está armado para que el ex presidente de la Asamblea y representante de Tocumen, José Muñoz, asuma el puesto de alcalde.
El catedrático dijo que Muñoz pediría licencia en la Asamblea para ocupar el cargo en el Edificio Hatillo.
“El fallo de la CSJ no favorecerá a la actual ministra de Gobierno Roxana Méndez, quien es la vicealcaldesa, sino que se armará para beneficiar a Muñoz”, señaló Bernal.
Para el abogado lo ideal sería que una vez emitido el fallo el TE convocara a una nueva elección, ya que desde un inicio se sabía que Vallarino no podía participar en la contienda porque tenía una ciudadanía estadounidense.
Tras lo planteado por Bernal, el diputado José Muñoz expresó: “Lo digo alto y claro: No ocuparé ningún cargo de a dedo. Las veces que he estado en el gobierno ha sido porque el voto del pueblo así lo decidió”.
Muñoz agregó que lo que se está dando con Bosco no es un pase de factura, porque las tres personas que interpusieron las acciones de inconstitucionalidad no tienen nada que ver con CD, como se ha tratado de hacer enteder en los medios de comunicación.
