El Consejo de Gabinete aprobó ayer en el distrito de Pedasí el marco conceptual del proyecto de ley que da autonomía administrativa y financiera al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), que comprende una inversión de B/.500 millones en cinco años.
De acuerdo con el director del IDAAN, Carlos Sánchez, el proyecto es una iniciativa del gobierno para mejorar la situación económica y financiera de la institución y no incluye su privatización.
Indicó que el documento plantea que cualquier cambio en el organigrama del IDAAN debe ser efectuado por la Junta Directiva y no por la Dirección Ejecutiva.
Precisó que la inversión de B/.500 millones que requerirá el IDAAN en el próximo quinquenio se debe a que la institución tuvo un "perfil bajo" durante los últimos años en inversiones.
Por otra parte, Sánchez reconoció que el aumento de la energía eléctrica que empezará a regir desde enero próximo afectará el sistema de costo del IDAAN. Agregó que las tarifas actuales están vigentes desde hace 15 años y aunque han sido revisadas, nunca se ha registrado un ajuste.
Acotó que en un principio este aumento será asumido por el IDAAN, porque la institución no tiene la potestad para aprobar un incremento en la tarifa de agua potable. Advirtió que corresponderá al Ente Regulador de los Servicios Públicos determinar si es viable el incremento de la tarifa.
En tanto, el ministro de Salud, José Terán, informó que con el nuevo proyecto se garantiza que el sistema de acueductos y alcantarillados nacionales llegará a todo el territorio panameño.
Indicó que los trabajadores tendrán plena garantía en sus puestos de trabajo y la institución continuará bajo el paraguas del Ministerio de Salud.
"Lo que hemos hecho es canalizar el contenido y forma del proyecto", dijo Terán.
"Me corresponderá a mí sustentar este anteproyecto ante la Asamblea Legislativa (dentro de unos 15 días), ya que a mi juicio es beneficioso porque garantizará la autonomía de la institución y no necesitará ser privatizada", acotó.
Recalcó que el aspecto laboral no se incluyó en el proyecto, por lo que los trabajadores tendrán plena libertad de permanecer en sus puestos de trabajo.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, manifestó su desacuerdo conque la Junta Directiva de la nueva institución sea presidida por un ministro de Estado.
Sostuvo que los siete miembros de la Junta Directiva deben ser seleccionados de entre la sociedad civil y agregó que le corresponderá a la mandataria determinar quien presidirá esta Directiva.
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