Gabinete destituye a Pereira Burgos

El Consejo Gabinete declaró anoche vacante el cargo de magistrado del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Pereira Burgos, en base a la Ley 61 de 1998 que limita la edad de los funcionarios en la administración estatal.
Luego del Consejo de Gabinete, el presidente Martín Torrijos convocó a rueda de prensa, para explicar que la decisión se basa en respuesta a la consulta hecha a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, donde ésta aseguró que Ley 61 está vigente, es constitucional, tiene aplicación sobre los magistrados y es obligatoria.
Torrijos también informó el nombramiento de la magistrada de menores, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el cual será puesto a consideración de la Asamblea Legislativa.
"Con esto damos cumplimiento al compromiso que adquirimos el primero de septiembre de hacer cumplir la ley y respetarla", sostuvo Torrijos.
La Ley 61 establece que todo funcionario que cumple 75 años de edad cesa inmediatamente en su cargo.
Anoche se consultó a Pereira Burgos sobre la decisión del Ejecutivo, sin embargo, dijo que hoy dará una conferencia de prensa para dar a conocer su posición.
Según expertos juristas, Periera Burgos tiene dos vías para interponer recursos: uno de reconsideración ante el presidente Torrijos y el segundo un amparo de garantías constitucionales ante la Corte con un acto "suspensivo", pero que éste queda a discreción del resto de los magistrados.
Este último suspendería temporalmente la acción del Gabinete, hasta que se agote la vía administrativa y luego la gobernativa.
Sin embargo, la acción "per se" del amparo de garantías no suspende al acto administrativo, pero sí incluye una acción de petición suspensiva podría hacerlo, para que la acción extraordinaria agote la vía contencioso administrativa, donde podría dilatarse.
Por otra parte, el magistrado Adán Arnulfo Arjona, en declaraciones a RPC Televisión, sostuvo que la decisión del Gabinete será observada detenidamente para ver su evolución y que en este caso Periera Burgos tiene varias opciones, incluyendo un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que el magistrado Arturo Hoyos dijo que este caso debe resolverse en estricto derecho y sin involucrar la política, pero aclaró que se trata de un acto administrativo que entra en vigencia inmediatamente.
En tanto, dos ex magistrados, Aura Emerita Guerra de Villalaz y Edgardo Molino Mola, coinciden que la acción del Gabinete "desestabiliza al Organo Judicial y es una actitud política e inconstitucional".
Para Molino Mola, los argumentos expuestos por el Gabinete están fuera de la lógica jurídica y que la intención pareciera ser "quedarse con el puesto del magistrado".
Mientras que Guerra de Villalaz dijo que hay que definir si el nombramiento de Troitiño será por el periodo restante de Pereira Burgos y no por diez años.