Gobierno actuó de espaldas al pueblo

En el marco del período de consultas de las reformas constitucionales, el viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, hizo un llamado al nuevo gobierno a que "no hagan las cosas como nosotros (los arnulfistas) y no actúen de espaldas del pueblo".
"Por favor tomen el ejemplo de nosotros que estamos en el Gobierno, no hagan las cosas de espaldas al pueblo, no le den la espalda al pueblo", sostuvo.
Pérez, quien habló ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, en representación del Partido Arnulfista, reconoció que actuaron de esta manera y por eso la lección la aprendieron en las pasadas elecciones.
Las palabras del viceministro provocaron el asombro y hasta la risa de la mayoría de las personas que en ese momento participaban de la reunión en la cual se analizaban las reformas constitucionales.
Germán Vergara, presidente del arnulfismo, quien también intervino ayer en la Comisión de Gobierno, expresó que uno de los temas que les preocupa y que no se consideró en esta propuesta es el poder "excesivo" que tiene el Presidente de la República, lo cual es heredado de la dictadura militar y hay que cambiar.
Cuestionó, además, las reformas que se pretenden introducir sobre el Tribunal Electoral, pues en lugar de disminuir los beneficios que tienen los funcionarios, se les incrementan al crear un "enclave" económico-administrativo, "peor" que el que tiene actualmente la Autoridad del Canal de Panamá.
También se mostró en contra de la eliminación del control previo, justamente en un momento en que el pueblo panameño exige mayor transparencia en el manejo de la Cosa Pública.
Afirmó que en las propuestas se hace evidente que el presidente electo, Martín Torrijos, tiene la intención de aumentar el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual mantendría este órgano del Estado dependiente de la acción y la influencia política.
Por otro lado, el presidente electo, Martín Torrijos, afirmó que no existe una agenda oculta en la propuesta de reformas constitucionales y sostuvo que a algunas personas la "inmediatez no los deja ver más allá de sus propios pies".
Torrijos reaccionó de esta forma ante comentarios de algunos sectores de que dentro de las reformas se incluye una modificación a los requisitos para ocupar la Defensoría del Pueblo, con el fin de beneficiar a la legisladora Teresita de Arias, quien no es panameña de nacimiento.
"Nosotros vemos un poquito más allá de este año o esta circunstancia y de personas que somos totalmente transitorias en la vida política", acotó el próximo mandatario.
Destacó que estaría dispuesto a que la norma sobre la Defensoría del Pueblo no se aplique en su período presidencial, donde le toca designar a un nuevo defensor.
Señaló que las reformas propuestas no son para el momento, sino para las futuras generaciones.
Frente a la postura del actual y de los tres últimos contralores de oponerse a la eliminación del control previo, Torrijos expresó que está dispuesto a "reconsiderar", ya que la intención es buscar mecanismos que agilicen la gestión pública y que este requerimiento de fiscalización no se convierta en un proceso burocrático.
Manifestó que no es incompatible la preocupación que tienen los contralores con el espíritu de la iniciativa que está contenida en el paquete de reformas y agregó que existen mecanismos adicionales al control previo que pueden promover la transparencia.
Defendió, además, su propuesta de otorgar autonomía financiera al Tribunal Electoral, porque se busca "fortalecer" esa entidad de posibles intentos de abuso por parte del Ejecutivo a través del presupuesto del Estado.
Torrijos consideró que otorgando mayor autonomía financiera al Tribunal Electoral se garantiza la libertad de acción para aplicar la justicia electoral, pero en ningún modo se trata de atentar contra los mecanismos de control establecidos en el control previo.
Martín Torrijos consideró que otorgando mayor autonomía financiera al Tribunal Electoral se garantiza la libertad de acción para aplicar la justicia electoral, pero en ningún modo se trata de atentar contra los mecanismos establecidos en el control previo.
En la sesión de ayer, también participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, quien se mostró a favor de los cambios que se pretenden introducir en este órgano del Estado.
Incluso explicó que estaría de acuerdo en que los temas de materia electoral sean de competencia exclusiva de los magistrados del Tribunal Electoral.
Añadió que sería adecuado cambiar el método de selección de los magistrados y además establecer que los suplentes no sean miembros de firmas de abogados de la localidad. La también magistrada Graciela Dixon intervino igualmente y planteó que sería adecuado dejar un artículo abierto que permita aumentar o disminuir el número de magistrados de acuerdo a las necesidades.
Mientras el legislador Wigberto Quintero, presidente de la Comisión de Gobierno, expresó que durante el fin de semana continuarán con las consultas a los grupos interesados, a fin de ver si es posible que el próximo lunes se puedan presentar ante el pleno.
El partido MOLIRENA también tuvo la oportunidad de expresar su posición, a través de Jorge Rubén Rosas, quien calificó la propuesta como "unipartidaria" y pidió que el tema sea discutido con mayor "detenimiento y cordura".
Rosas manifestó que en las reformas se han planteado algunos aspectos positivos como la autonomía del Tribunal Electoral, la eliminación de un vicepresidente, al igual que de un suplente de legislador, la libre postulación y el establecimiento de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la eliminación del concepto de representación proporcional en la Asamblea y recomendó buscar una forma más equitativa para la asignación de las curules, ya que la que está vigente favorece a los partidos mayoritarios.
Durante la reunión de ayer también expusieron ante la Comisión de Gobierno, Fernando Manfredo, Jorge Illueca y Humberto Ricord, quienes en su mayoría centraron su posición en la necesidad de lograr un cambio constitucional que permita el funcionamiento de un Estado moderno.
También se otorgó participación a la representante de la Comisión de Justicia y Paz, Magaly Castillo, al dirigente de los servidores públicos, Leandro Avila; el dirigente sindical Mariano Mena, entre otros representantes de la sociedad civil.