El gobierno decretó la creación de la Dirección Nacional contra la Corrupción mediante el decreto ejecutivo No. 99 del pasado 13 de septiembre, cuya misión será prevenir, detectar, denunciar y erradicar los actos de corrupción, descritos en la Convención Interamericana sobre el tema.
El decreto, publicado ayer en la Gaceta Oficial, indica en su artículo segundo, que el director nacional de la entidad, será su autoridad máxima, y estará bajo la dependencia directa del ministro de Economía y Finanzas y sus dos viceministros.
El director nacional contra la Corrupción deberá ser abogado y tendrá "mando y jurisdicción a nivel nacional", agrega el documento que lleva la firma de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y del ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao.
La nueva entidad, que elimina la Dirección de Auditoría y Fiscalización, y que se incorpora dentro de la Estructura Organizativa del Ministerio de Economía y Finanzas, "creará mecanismos destinados a estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
El artículo quinto del decreto establece que "se adscribe a la Dirección Nacional contra la Corrupción todo el personal de la Dirección General de Auditoría y Fiscalización Interna, así como su respectivo presupuesto".
"El referido personal tendrá las obligaciones y atribuciones que tienen actualmente y aquellas que les asignen las leyes, los reglamentos o el ministro de Economía y Finanzas", añade.
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