Gobierno creó fondo para ayudar a políticos

Legisladores "privilegiados" del sector oficialista, entre ellos, Haydée Milanés de Lay, recibieron dinero del Gobierno en plena campaña electoral, como si fuera la partida circuital que antes recibían los parlamentarios.
Esa fue una de las conclusiones a la que llegó el fiscal electoral, Gerardo Solís, en la audiencia realizada ayer por el Tribunal Electoral sobre la existencia de un presunto delito de compra de votos en el circuito 5-1 de Darién.
La audiencia, que se inició cerca de las 11:00 de la mañana, fue antecedida por enfrentamientos verbales entre los seguidores de Milanés de Lay y del candidato a legislador por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Giovani Castillo, quien impugnó la elección ganada por la arnulfista.
Iniciada la audiencia, fueron llamados cuatro testigos, a uno de los cuales, Julio Tuñón, se le abrirá una investigación penal por presunto falso testimonio, al no ratificar la declaración jurada emitida inicialmente en la que dijo haber recibido subsidios educativos.
En sus alegatos, el fiscal afirmó que el Gobierno eliminó las partidas circuitales, pero éstas se siguieron dando a través de un fondo que para algunos "legisladores privilegiados".
"Habían legisladores que estaban recibiendo dinero del Gobierno Central en plena campaña electoral como si fuera la partida circuital, mientras que otros de oposición no recibían nada", afirmó.
Aseguró que se ha demostrado la relación que existe entre los dineros del Estado, patrocinados a través del Fondo de Inversión Social (FIS), y la Junta Comunal de La Palma, que manejaba estos recursos a través de una Fundación Social para el Desarrollo del Darién que apoyaba a Milanés de Lay.
Indicó que existen pruebas suficientes que demuestran esta relación con la entrega de subsidios educativos.
"En nuestras diligencias en la propia fundación se encontró una bandera del Partido Arnulfista, propaganda política de la legisladora Milanés de Lay y del candidato presidecial José Miguel Alemán, un cuaderno de notas con programaciones de actividades políticas y solicitudes de subsidios educativos", destacó Solís.
Explicó que esta Junta Comunal, a través de la Fundación, manejó más de B/.371 mil aportados por el FIS en varios proyectos.
Entre los proyectos destacan B/.238 mil en subsidio educativo y B/.133 mil utilizados para el pago de combustible, utensilios de cocina, transporte, alimentación, pago de mano de obra, "todo lo necesario previo a una elección", señaló.
Sin embargo, para la legisladora Milanés de Lay, en la audiencia quedó claramente establecido que ella no incurrió en la supuesta compra de votos.
Aseveró que los señalamientos de Solís no son más que una "persecución". "Solís está en una persecución abierta y manifiesta en mi contra. Me quiere quitar la curul y dársela al partido del cual él es originario", destacó.
Señaló que sería un exabrupto jurídico anular las elecciones del 5-1, advirtiedo que esto se escribiría con letras de sangre, porque aquí no hay fundamento jurídico para anular la elección.
El magisrado sustanciador del caso, Denis Allen, indicó que se acogerán al término de la ley para dictar sentencia. "Vamos a analizar el expediente, que tiene unos 40 tomos y vamos, en el término más rápido posible, a dictar sentecia".
Afirmó que espera que la decisión sea tomada dentro de una o dos semanas, a pesar que la ley les da 30 días.
"Nosotros no vamos a tomar ese tiempo. Este es un caso que puede ser prontamente resuelto", precisó.
Por su parte, el abogado defensor de Milanés de Lay y el del Partido Arnulfista, José Torres y Olmedo Arrocha, respectivamente, negaron la comisión del delito electoral de compra de votos.
Aseguraron los juristas que los subsidios educativos cuestionados por el fiscal Solís han existido desde el pasado periodo del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, a pesar de que los legisladores tenían también sus partidas circuitales.