Gobierno de Mireya Moscoso, críticas y desafíos

La presidenta de la República, Mireya Moscoso, llega hoy a su tercer año de mandato rodeada de algunas obras puntuales en plena ejecución, como la construcción y remodelación del Hospital Santo Tomás, el segundo puente sobre el Canal y la futura convocatoria para licitar el saneamiento de la bahía de Panamá. Sin embargo, no todo ha sido positivo al no poder disminuir la pobreza, el desempleo y tampoco el flagelo de la corrupción.
El Indice de Percepción de Corrupción 2002 de Transparencia Internacional que clasifica a 102 países, colocó a Panamá en 3.0, registrándose un aumento en la percepción de la corrupción respecto a la evaluación de Panamá que se hizo por primera vez el año pasado (3.7).
En el nivel de calificación internacional, a menor puntaje, mayor corrupción. Panamá estuvo al nivel de países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití y Paraguay.
El Panamá América realizó un trabajo que tomó como referencia el Plan de Gobierno de Unión Por Panamá denominado "Nuestro Compromiso para el Cambio" y la gestión realizada en tres años. Además se incluyeron otros aspectos que no forman parte de las promesas de campaña. Asimismo, cada sección del diario dedica hoy un espacio a este tema, el que se continuará desarrollando en días subsiguientes.
La administración Moscoso ha intensificado sus esfuerzos en áreas que considera prioritarias, y que atiende mediante un Gabinete Social creado a través del Decreto Ejecutivo 477 de 1992. La finalidad es dar respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno panameño en las X y XI Cumbres de Presidentes Centroamericanos.
El Gabinete Social lo integran los ministerios de la Juventud, Mujer, Niñez y la Familia, quien lo coordina, el de Salud, Desarrollo Agropecuario, Educación, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Trabajo, Vivienda y la Primera Dama de la República.
Este trabajo se enfoca en los ministerios arriba mencionados, a excepción de Economía y Finanzas y Desarrollo Agropecuario, que serán evaluados por la sección de Finanzas del diario.
El Gabinete Social tiene como funciones actuar como asesor del Organo Ejecutivo y del Consejo de Gabinete en materia de desarrollo social y servir de coordinación operativa y evaluación estratégica de la política social del Gobierno Nacional.
La Caja de Seguro Social (CSS) es considerada una de las instituciones más importantes pero más criticadas de la actual administración, a la cual ha destinado las acciones que mantiene el Estado en las empresas privatizadas y la venta de tierras de las áreas revertidas (cuyo valor se estima en B/.700 millones) para coadyuvar a superar el déficit actuarial que supera los mil 200 millones de balboas.
El Ejecutivo, bajo la supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) convocó a un Diálogo Nacional por el Seguro Social. Sin embargo aún los sectores involucrados no han logrado ponerse de acuerdo.
La administración del profesor Juan Jované se ha empeñado en reformar la estructura organizacional-institucional y revisar los manuales operativos, así como también ampliar la apertura de los hospitales, con el San Judas Tadeo y el América (pediátrico). Pero no logró remontar las carencias en materia de servicios a los asegurados, como falta de camas, medicinas y atención especializada a enfermedades críticas.
La Caja de Seguro Social ha trabajado en la apertura de Centros de Promoción y Prevención en la Atención de Salud (CAPP), Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS), en la modernización del servicio de neumología, y consolidó la red de hemodiálisis e inauguró la Sala de Hospitalización Psiquiátrica de Niños y Adolescentes.
Las quejas de los usuarios por la escasez de medicamentos persisten, pese a cambios en el proceso de compras.
En el programa "Nuestro Compromiso para el Cambio" se presentó un diagnóstico de las necesidades del país y sus posibles soluciones a fin de dar respuesta a la insatisfacción de la población.
Frente a obras ya ejecutadas, otras en pleno desarrollo y las que "sólo se han quedado en promesas", la presidenta Moscoso debe enfrentar aún dos años de escrutinio público.
Sobre una evaluación de los tres años de gestión de Mireya Moscoso, el sociólogo y presidente del Centro de Estudio de Acción Social Panameño, Raúl Leis, consideró que es obvio que en su conjunto hay descontento entre la población, a pesar de que en algunos aspectos se ha podido avanzar.
"Hay una distancia entre lo que se prometió y lo que se hace", precisó.
Identificó como los principales desaciertos del Gobierno (incluyendo a los tres Organos del Estado), la falta de una estrategia nacional de desarrollo concertada y coherente que integre a los diversos sectores, porque hay una diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo del país.
Otras de las fallas son no haber impulsado una democracia más participativa, que promueva la renovación política y la ausencia de un sistema nacional de integridad, porque no hay un esfuerzo sostenido para combatir la corrupción. Debe existir un plan que castigue la corrupción.
El ministro de Salud, Fernando Gracia, admitió que la solución al problema de la desnutrición y pobreza no sólo depende del Gobierno, sino también de la situación económica mundial, del Producto Interno Bruto (PIB) y de la empresa privada, que debe generar empleos y tratar bien a sus empleados.
Indicó que el país es uno de los que más invierte en salud, y eso lo ha constituido en el segundo con mejores indicadores en salud del área centroamericana.
Gracia reconoció que todavía falta mucho por hacer para reducir el 37% de pobreza y pobreza extrema.
Señaló que han tenido que enfrentar el problema sanitario porque más de 800 mil panameños carecían de agua potable, además de que existe deficiencia en la atención médica e infraestructuras que requieren modernización.
Detalló que el ministerio, en materia de nutrición, invierte más de B/.2 millones anuales y que se logró un préstamo de B/.20 millones con el gobierno de Corea, para equipamiento de alta tecnología en los centros de salud y hospitales.
Destacó como macroproyectos la construcción y remodelación del Hospital Santo Tomás con una inversión de B/.60 millones y el nuevo hospital Materno-Infantil José Domingo de Obaldía, en Chiriquí. Añadió que en infraestructura se invierte unos B/.6 millones anuales para mejorar centros de salud. De los 550 existente ya se han reparado 200.
Planteó que en materia de acueductos se invirtió B/.12 millones en tres años y se han hecho más de 500, brindándole agua a más de 130 mil panameños en situación de pobreza.
Saneamiento de la bahía. Otro de los proyectos ambiciosos del Gobierno es el saneamiento de la bahía de Panamá. En dos semanas aproximadamente se convocará a licitación pública la confección de los planos de la obra civil y los estudios de impacto ambiental, de las costas y tarifarios para la ejecución de este proyecto.
Fallas en el sistema. Pero la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) y la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), coinciden en que la ausencia de un Plan Nacional de Salud (que integre al ministerio y la CSS) y la escasez de medicamentos son las principales fallas que enfrenta el sistema de salud en el país.
En materia de niñez se han habilitado más de 110 Centros de Orientación Infantil (COIF), bajó la coordinación del ministerio de la Juventud, Mujer, Niñez y Familia (MINJUMNFA). También se otorgaron unos 800 subsidios para niños y adolescentes en áreas agrícolas y niños de la calle en Panamá y Colón.
La capacitación de cinco mil jóvenes mediante el programa "Jóvenes en Busca de Oportunidades" para su reinserción a la sociedad y más de cuatro mil atendidos en encuentros y campamentos.
De igual forma, se han beneficiado unas cien mil personas mediante seminarios de capacitación y material educativo sobre salud sexual reproductiva, violencia intrafamiliar y la Ley No. 40 sobre Responsabilidad Penal del Adolescente.
Sin embargo, el no se han destinado los recursos para la aplicación de la Ley Nº 40.
No obstante, en vez de disminuir, la pobreza aumentó tal como refleja el Informe de Desarrollo Humano Panamá 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se plantea que abarcó a un total de 1,131,439 personas, equivalente al 40.5% de la población nacional.
Uno de los novedosos programas aprobados es el de hogares comunitarios, que ofrecerá a las mujeres más pobres la oportunidad de que alguien le cuide a sus hijos por una módica suma de dinero, mientras sale a trabajar.
En su programa Mireya Moscoso prometió atacar el desempleo y crear nuevas plazas de trabajo, pero este es uno de los principales escollos que enfrenta ahora. No obstante, su administración ha ido paralela a fuertes inversiones de Cervecería Nacional, Multicentro, puertos de cruceros, hoteles, restaurantes, el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), entre otros proyectos privados que han inyectado la economía.
En su plan propuso, y está cumpliendo, un Plan Nacional de Riego, la reconversión agropecuaria, fomento de la microempresa y el impulso del turismo.
No obstante, en materia de marina mercante que también es parte de su propuesta, hay un escollo porque se exige la reglamentación de la Ley 8 que regula el sector.
Pese a todo el esfuerzo, la Encuesta de Hogares de agosto de 2001 registró una tasa de desempleo de 14.4% y un aumento del empleo informal.
Informes del Ministerio de Economía y Finanzas indican que en el año 2001 se presentó un deterioro de la calidad del empleo debido a la disminución de las plazas en la empresa privada.
Sin embargo, aumentaron los puestos en el sector público, trabajadores por cuenta propia y familiares (sector informal). Los sectores que han resultado afectados son los generadores de empleo, como el comercio, bananeras, construcción, mientras que registran un repunte los generadores de ingreso y no de trabajo (telecomunicaciones y puertos).
Una de las principales obras es la construcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá, cuya inversión supera los B/.90 millones, la cual está en etapa de remoción de tierra.
En materia de Obras Públicas, el Gobierno ha inaugurado 34 obras y ha invertido B/.45.5 millones, lo que incluye caminos de producción en Veraguas, Chiriquí, Los Santos y Bocas del Toro; reparaciones de vías en centros urbanos de las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón; puentes en Coclé y Panamá, así como siete puentes elevados vehiculares en la ciudad capital, y cuatro pasos peatonales en las provincias de Herrera y Panamá.
En construcción están seis puentes elevados peatonales más en las avenidas José Agustín Arango, Domingo Díaz, Transístmica y Ricardo J. Alfaro, en los que se invertirán un millón 500 mil balboas.
Asimismo, son construidas 28 obras en todas las provincias del país, a un costo de B/.83 millones 442 mil 397.
Al respecto el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), José Batista, consideró que lo realizado en materia vial es muy poco si se compara con la pasada administración.
Batista apuntó que el desarrollo de la anterior administración fue "impactante" y prueba de ello, son los corredores y ampliación de la Carretera Panamericana.
Criticó la ejecución de los B/.90 millones del Fondo Fiduciario que aprobó la Asamblea Legislativa para la realización de obras, porque cuatro meses después de eso sólo se ha licitado B/.1.8 millones.
"Hay una parálisis porque es muy lento y burocrático el proceso de poner en marcha los proyectos y eso se ve reflejado en las obras", sentenció.
La actual administración inició su gestión con un déficit habitacional de 187 mil unidades en el país. Hasta la fecha, las inversiones realizadas por el Ministerio de Vivienda han permitido entregar soluciones habitacionales a unos 91 mil 811 panameños, por lo que aún faltan 95,189 soluciones.
Sobre el particular, el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, señaló que el 83.4% de las soluciones habitacionales gestionadas han sido entregadas, mientras que el resto se encuentra en etapa de ejecución.
Apuntó que el trabajo de esta dependencia se enfoca en atender a los grupos más vulnerables de la población, dotándoles de un techo digno y decoroso.
De septiembre de 1999 hasta febrero del 2002 se logró reducir el déficit habitacional en un 12%, producto de la construcción de 23 mil 59 soluciones y se espera que al finalizar el período de Mireya Moscoso disminuya en un 28% debido a la generación para esa fecha de más de 48 mil soluciones.
Tres normas fueron aprobadas para promover la construcción de viviendas de interés social: la Ley de Intereses Preferenciales para viviendas de B/.25 mil hasta B/.62 mil 500, la de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles "Leasing Habitacional" y el uso de tierras baldías del Estado para desarrollar proyectos.
Del déficit habitacional de 187 mil unidades de viviendas que recibió el ministerio, el 30% es cubierto por el Gobierno Nacional, porque se trata de personas que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, José Batista, reconoció que se ha hecho una gran labor de construcción, mas no de desarrollo humano, porque se ha excluido a los urbanistas.
"A tal punto que los seis asesores de urbanismo, que eran ad honorem, renunciaron porque no se tomaban en cuenta sus opiniones", acotó Batista y agregó que Panamá carece de un Plan de Desarrollo Urbano, que es necesario.
Uno de los sectores más criticados en la actual administración ha sido el educativo, cuyo sistema fue calificado de "obsoleto y deficiente" por expertos. Las fallas que señalan los gremios docentes del país son la ausencia de incentivos para la capacitación, escasez de material didáctico y centros educativos, así como textos escolares inadecuados.
En el presente quinquenio, y por impulso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se concluyó un Diálogo Nacional por la Transformación Educativa. Sin embargo, sólo uno de los proyectos fue aprobado en la pasada sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa.
No obstante, el presidente del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, Irvin Halman, señaló que la perspectiva del sector privado es que la calidad del sistema educativo en el sector público es deficiente, a pesar de que Panamá es uno de los países que más invierte en educación sobre la base del Producto Interno Bruto.
Calificó como positivo el Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación, porque diversos sectores del país lograron ponerse de acuerdo en puntos críticos.
Recomendó mayor capacitación del sector docente, mejorar los incentivos y medir los resultados del sistema educativo con pruebas estandarizadas donde se establezcan criterios de excelencia educativa.
En tanto, informes del Gabinete Social indican que en materia educativa se lograron avances en la construcción y reparación de escuelas, con un total de 310 proyectos terminados y 105 en ejecución. A esto se suma la creación de la Comisión de Alto Nivel para la transformación integral del sistema educativo y el Programa de Retiro Anticipado de Educadores (PRAA), que beneficia a 28,821 docentes.
En tanto, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ha becado a 52 mil 988 estudiantes durante los tres años de gestión gubernamental, que representa una inversión estatal de B/. 21 millones 412 mil.