La Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó al Ministerio de Educación (ME), el pago de los salarios caídos, los décimo tercer mes, vacaciones, ajustes salariales a la educadora Emma de Martínez, desde 1980 hasta 1997.
De acuerdo con el fallo de lo contencioso administrativo de la máxima corporación de justicia, se violó la Ley Orgánica de Educación al no reintegrar en su cargo a la educadora, luego que ésta fuera sobreseída definitivamente de los cargos de delitos contra la fe pública.
La funcionaria fue separada del cargo en 1980 por estar presuntamente vinculada con la falsificación de diplomas del Instituto Normal Rubiano y de la Universidad de Panamá, sin embargo fue sobreseída de los cargos en 1988, según el documento.
Precisó que la afectada solicitó su reintegro al ME en 1992 junto con el pago de los salarios caídos, décimo tercer mes, vacaciones y ajustes salariales, pero fue denegada por la institución hasta que ganó el pleito en 1997.
No obstante, el ME negó las solicitudes de de Martínez , ya que alegó que la petición de la separación de su cargo fue solicitada por la Fiscalía Superior Delegada, aunque la Corte consideró que esto no es motivo para que la entidad educativa pague lo reclamado.
La Corte también señaló que a la educadora no se le notificó que había sido sobreseída de los cargos en 1988, hasta que ésta interpuso el reintegro de su puesto y el pago de los salarios caídos en el año 1992.
"El Ministerio de Educación estaba obligado al reintegro y pagos de salarios caídos, independientemente de que la separación del cargo se hubiese dado por la solicitud del Ministerio Público", acotó el fallo bajo la ponencia del magistrado Edgardo Molino Mola.
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