El director de Carrera Administrativa, Alberto Guerra, reveló que ordenó detener la inclusión de nuevos funcionarios en este régimen, hasta que se verifique la legalidad de los incluidos en los últimos meses del gobierno anterior.
Esta decisión se fundamenta en una resolución que aprobó el Consejo de Gabinete, en la que le solicita a la Dirección de Carrera Administrativa que revise la legalidad de los funcionarios incluidos en este beneficio por la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Todas las resoluciones que incorporaban a las instituciones públicas a la Carrera Administrativa quedaron sin efecto a través de la resolución ejecutiva No. 122 que autoriza al director de este organismo a revisar todas las inclusiones hechas antes del 31 de agosto y a desacreditar a los funcionarios que fueron incluidos ilegalmente.
Guerra indicó que se han encontrado graves irregularidades en todas las instituciones, como estudiantes de derecho que se acreditan como abogados, contadores sin título y mecánicos que aparecen como topógrafos, entre otras.
Por otra parte, el ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, afirmó que la Ley de Carrera Administrativa ha sido utilizada como mecanismo de corrupción para incorporar a funcionarios que no se lo merecen y advirtió que aquéllos que no cumplieron con los requisitos serán destituidos.
Precisó que se revisarán los reglamentos internos de la Ley de Carrera Administrativa de las distintas instituciones estatales para ver todos los "mamotretos" dejados por la anterior administración para entorpecer el funcionamiento del actual gobierno.
Indicó que el Ministerio de Trabajo derogó el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y de igual forma se hará en otras instituciones donde no se ha cumplido con el ordenamiento legal.
"El gobierno que salió formó un tumulto y tremendo desorden, por ejemplo, yo encontré un reglamento de trabajo firmado el 30 de agosto, un día antes de que el gobierno saliera", acotó.
Planteó que era un reglamento hecho de "apuro e irresponsable" con la única finalidad de entorpecer el funcionamiento del gobierno entrante y encubrir a varios funcionarios que no merecían estar dentro de la Ley.
A juicio de Leandro Avila, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), esta resolución obedece a intereses de algunos miembros de los partidos de gobierno que están presionando para ser nombrados, por lo cual necesitan excluir a los actuales empleados de la Carrera Administrativa para facilitar su destitución.
"Esto es un golpe duro contra los servidores públicos y no entendemos por qué el gobierno se sigue ensañando contra los trabajadores", acotó Avila, al tiempo que solicitó a la presidenta que incluya a la FENASEP en la revisión de los casos de irregularidades.
El dirigente informó que hoy se reunirán todas las asociaciones de empleados públicos para decidir las acciones a tomar y no descartó la realización de piqueteos y marchas en todas las instituciones estatales.
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