En esta oportunidad el Estado no sólo rechazó la última propuesta de la empresa, sino que presentó una contrapropuesta donde se le ordena a la empresa aceptarla o de lo contrario se dará por terminado el proceso de negociación.
En el documento se le ordena a PPC pagar inmediatamente B/. 102 millones.
De acuerdo con la comisión negociadora, de esta cifra B/.67 millones corresponderían a los cánones de arrendamiento que la empresa dejó de pagar por la equiparación recibida en el 2002 y B/. 35 millones por haber recibido puertos en operación.
De aceptar la contrapropuesta, Panama Ports renunciaría al derecho contractual de recibir las sumas correspondientes a los ingresos provenientes de dos concesiones retenidas por el Estado (APSA y Astilleros Braswell).
Igualmente, PPC se comprometería a invertir B/. 1,000 millones para aumentar la capacidad de los puertos recibidos en 1997. De los cuales B/. 300 millones serían destinados para el puerto de Balboa y B/. 200 millones para Cristóbal. Los otros B/. 500 millones la empresa se comprometería a invertirlos para el 2015 en los dos puertos.
En total el Gobierno espera que al final de la concesión la empresa pague al Estado un aproximado de B/. 1,300 millones.
El ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, aclaró que la contrapropuesta no busca sacar a la empresa del mercado, sino por el contrario, ya que además de proteger el derecho del Estado se le permite a la compañía ser competitiva.
Indicó también que la empresa deberá desistir de la indemnización de B/. 40 millones que le exige al Estado por un supuesto retraso en la entrega de los puertos.
Además, se indicó que se dictará otra medida para derogar la Resolución N° 14 de 13 de mayo de 2002 que otorgó la equiparación y también se creará una ley general de puertos para impedir que en el futuro se le otorguen privilegios a un operador en particular. Con relación a la posibilidad que PPC lleve el caso ante un arbitraje internacional, Ferrer indicó que la propuesta busca evitar ese proceso donde la empresa haría reclamaciones millonarias al Estado.
Al respecto, el gerente general de PPC, Alejandro Kouruklis, indicó que consultarán con la casa matriz para dar una respuesta final.
La contrapropuesta del Estado también estipula que Panama Ports Company renunciará a créditos por dragado que le otorgó la equiparación.
Anteriormente, PPC había aceptado pagar B/. 9 por movimiento de contenedor y su aumento quinquenal.
La última vez que nuestro país estuvo en un mundial fue en 1989, el cual se realizó en España.
