La Defensoría del Pueblo advirtió ayer que el Gobierno puede eximirse de la responsabilidad de reubicar a los afectados por las inundaciones en Prados del Este y aclaró que esa institución sólo tiene la facultad de fiscalizar que el Estado y la promotora de vivienda de la urbanización cumplan con los residentes.
La anterior opinión fue emitida por el director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría, Jorge Fabián Gutiérrez , quien aclaró que los bancos van a seguir cobrando a los afectados, y no va haber condonación de intereses, ni de pago, ya que esto es un negocio que no se puede eludir.
"Aquí no hay obligación de reubicación, pero si de seguridad que el Estado debe atenderlos, ya que no hay una política clara de vivienda", sostuvo Gutiérrez.
Explicó el funcionario que el tema de construir viviendas de bajo costo genera incentivos fiscales para las promotoras, y al darse estos, el Estado no hace las verificaciones correspondientes.
Destacó que en el caso de Prados del Este hay responsabilidad de todo tipo, ya sea por indemnización civil y penal, porque la situación se pudo haber evitado.
La Defensoría del Pueblo participa como mediador de la situación a pedido de la comunidad, explicó.
Indicó que cabe una responsabilidad directa del Ministerio de Vivienda, donde se encuentra la Ventanilla Unica, el Municipio de Panamá y la Promotora de Prados del Este.
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