Castillo aseguró que en octubre y noviembre el Gobierno debió implementar los cambios introducidos a la Ley 59 que regula los delitos de enriquecimiento ilícito y el decreto de autorregulación para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, aseguró que el Gobierno está haciendo a un lado el problema principal que es la designación de los magistrados de la Corte.
Araúz de Grimaldo enfatizó que la convocatoria del Pacto de Estado por la Justicia se hizo por la percepción de corrupción que había en el Organo Judicial.
"Sería un engaño a la comunidad llamar a un diálogo para no prestarle atención a sus recomendaciones", consideró.
Me parece - puntualizó - que se le está dando prioridad a otros temas, como a la reforma del Código Procesal Penal, que a la designación de los magistrados.
En ese sentido, Magaly Castillo apuntó que el decreto de autorregulación para la escogencia de los magistrados es muy importante, porque en diciembre se vence el término a dos de los integrantes del Pleno de la Corte.
"Es necesario que en la designación de los nuevos dos magistrados se utilice la nueva metodología recomendada", estimó.
No obstante, detalló que hasta ahora el Ejecutivo no ha expedido ningún documento en donde se adopten formalmente los cambios.
A su juicio se hace necesario el establecimiento de una comisión de seguimiento, para la aplicación de los 30 puntos acordados.
El 65% de las metas establecidas por el Pacto de Estado por la Justicia son de responsabilidad del Organo Judicial.
Sostuvo que de no existir un seguimiento detallado para el logro de las metas propuestas, se corre el peligro que todo quede en letra muerta.
Dijo que esta semana sostendrá reuniones con la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gomez; con el presidente de la Asamblea de Diputados, Elías Castillo y con el presidente de la Corte, José Troyano para exponerle esta situación.
El Pacto de Estado por la Justicia propuso cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia, para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes, eficientes, eficaces y competentes así como el establecimiento de la forma de escogencia de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que permita mayor transparencia en estos procesos de selección.
