El gobierno, los indígenas Ngäbe Buglé y la Iglesia católica panameña coincidieron hoy en pedir buena voluntad para reiniciar mañana, lunes 27, el diálogo para definir la polémica ley antiminera y de preservación de los recursos hídricos, desechando bloqueos de calles.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, dice en un comunicado que "como Gobierno, esperamos que del diálogo surjan fórmulas que preserven y protejan los recursos naturales, sin afectar el desarrollo del país", en alusión a la polémica solicitud de los aborígenes de eliminar la construcción de hidroeléctricas en territorios aledaños a su comarca.
El diálogo se inició el 7 de febrero pasado, luego de casi una semana de bloqueo de la carretera Panamericana, la principal del país, por parte de los ngbe buglé, que dejó atrapados a miles de personas, y fue despejado tras violentos choques con la policía que dejaron oficialmente dos muertos y cientos de heridos y detenidos.
Martinelli exhortó que del diálogo -suspendido hace diez días por el cierre de la Asamblea Nacional por el asueto de carnavales- surjan "fórmulas basadas en la consulta, en el respeto de las tradiciones de los pueblos originarios y en el respeto a las determinaciones de sus autoridades".
En ese mismo sentido, el obispo de la ciudad occidental de David y mediador en el diálogo, José Luis Lacunza, declaró hoy en un programa del Canal 4 de la televisión local que tenía una "firme esperanza" en el diálogo y la disposición del gobierno y los indígenas de sentarse a "escuchar al otro".
Por su lado, la Coordinadora Indígena y la cacica general ngbe Buglé, Silvia Carrera, enviaron un mensaje a todos los caciques regionales y habitantes de la comarca pidiéndoles "no bloquear las vías" mañana para presionar.
También los dirigentes indígenas desecharon la amenaza de no enviar a sus hijos a la escuela mañana, que se inicia el año lectivo, expresada por otros líderes comarcales.
En tanto, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien encabeza la delegación oficial al diálogo, manifestó que la propuesta del Ejecutivo es que se establezca que cualquier solicitud de desarrollo hídrico en la comarca y sus áreas adyacentes sea consultada y aprobada previamente por las autoridades tradicionales de los Ngäbe Buglé.
Los indígenas ya han obtenido el compromiso del gobierno de proscribir la explotación minera en su comarca y áreas adyacentes.
