El presidente José Raúl Mulino ordenó iniciar conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un acuerdo que permita reactivar la actividad minera bajo nuevas condiciones, con mayores beneficios económicos para el país, generación de empleos y estrictas exigencias ambientales.
Durante un mensaje a la nación, el mandatario explicó que la decisión se tomó luego de analizar los resultados de una auditoría integral sobre el estado de la mina, sus obligaciones y los riesgos ambientales. El proceso fue encargado por el Ministerio de Ambiente a una firma independiente, con el propósito de contar con una evaluación técnica, jurídica, económica y social.
Mulino reconoció que el Gobierno debía tomar una decisión frente al futuro del proyecto y planteó dos escenarios: mantener la mina cerrada, con el riesgo de reactivar los arbitrajes internacionales y enfrentar posibles pagos de miles de millones de dólares, o explorar un acuerdo que permita retomar las operaciones bajo estrictas condiciones.
Advirtió que mantener el cierre también implicaría que el Estado asuma los riesgos ecológicos y los elevados costos de conservar las instalaciones en condiciones seguras. En contraste, sostuvo que una eventual reapertura podría generar empleos e ingresos para Panamá, siempre que se garanticen los intereses nacionales.
Uno de los puntos centrales de la propuesta será que el país obtenga el máximo beneficio económico de sus recursos minerales.
El mandatario también dejó claro que los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá y que ninguna empresa podrá estar por encima de la soberanía nacional.
La propuesta también contempla poner fin a todos los procesos de arbitraje contra Panamá.
El presidente fue enfático en que cualquier entendimiento deberá incluir un plan de cierre ordenado y definitivo de la mina, cuyo costo tendría que asumir la empresa. Aseguró que esta condición no será negociable y que el plan no podrá prorrogarse.
Entre los principios que guiarán las conversaciones, Mulino mencionó que los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá, que el país debe recibir el máximo beneficio económico y que la soberanía nacional no estará sujeta a decisiones de ninguna empresa. Además insistió en que la protección ambiental deberá contar con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.
Para conducir las negociaciones, el mandatario designó un equipo interministerial encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, que deberá iniciar de inmediato las reuniones con Minera Panamá.
El equipo tendrá como prioridad conseguir los mayores ingresos posibles para el país y garantizar que los empleos que genere la actividad minera sean destinados exclusivamente a panameños. También deberá establecer mecanismos abiertos de control y registro de todos los materiales que sean extraídos.
Otro de los puntos que el Gobierno pretende incorporar es el uso responsable del agua, además de medidas de reforestación y prevención de posibles daños ambientales. Mulino señaló que el plan de cierre tendrá que ser viable y verificable, con obligaciones claras para la empresa.
Mulino aclaró que el anuncio no representa una concesión ni significa que se haya decidido reabrir la mina. Explicó que, si se alcanza un entendimiento, el equipo ministerial deberá anunciar la figura jurídica que lo respaldaría, con pleno apego a la Constitución y las leyes panameñas.
El presidente cerró su mensaje defendiendo la decisión de iniciar las conversaciones y sostuvo que prefiere asumir el costo político de buscar una salida antes que trasladar a los panameños las consecuencias económicas de mantener el debate.