El objetivo es evaluar los puestos de secretarias, conductores y directores nacionales a quienes se les dio permanencia en sus cargos dos años antes de que culminara el gobierno de Martín Torrijos.
La Federación Nacional de Servidores Públicos está en alerta y señaló que acudirá a organismos internacionales para evitar la remoción de los funcionarios acreditados en la carrera.
