El Gobierno modificó "totalmente" el proyecto que regula la comunicación telefónica, el acceso a Internet y correos electrónicos. Entre los cambios se encuentra la eliminación de la "retroactividad" del registro de datos, como planteaba el documento original.
El nuevo proyecto será presentado otra vez este martes al Consejo de Gabinete por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, quien ha elaborado ya dos borradores. Esta misma semana el proyecto será presentado a la Asamblea Nacional.
La propuesta de ley original, que fue aprobada en Consejo de Gabinete el pasado 4 de agosto, ha sido modificada en varios de sus artículos, confirmó Mulino ayer a Panamá América.Sin embargo, el ministro no quiso detallar los cambios.
"Este documento varió totalmente. Estoy puliendo el proyecto para que sea bueno y el pueblo, bajo ningún pretexto, sospeche que el Gobierno hará espionaje político o vulnere los derechos y garantías constitucionales", planteó.
A su criterio, el proyecto "no viola" los derechos de la población, sino que controlará la venta de celulares prepagados, que son cerca del 90% de los que circulan en el país, los centros de Internet y otras áreas de comunicación.
De acuerdo con las estadísticas que maneja el titular de Gobierno, existen 3.9 millones de teléfonos celulares activos, y de éstos, 3.5 millones son de prepago, los cuales "no están regulados".
A la Asamblea.
Mulino señaló que los miembros de la sociedad civil que deseen hacer sus "recomendaciones" deberán presentarlas en la Asamblea, una vez entre en discusión el proyecto.
Al ser consultado sobre la posible consulta del documento con la sociedad civil antes de que llegue a la Asamblea, señaló que "el Gobierno no va a co-gobernar con la sociedad civil, el proyecto irá a la Asamblea con sus tres debates y que vaya toda la sociedad en pleno a debatirla".
Mulino rechazó que este proyecto sea comparado con el presentado por el ahora ex ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, para crear el Servicio Nacional de Inteligencia, al cual calificó como "déspota".
Informó que el presidente Ricardo Martinelli derogará el citado Servicio, lo cual anunciará hoy domingo en una entrevista televisiva.
Según Mulino, el decreto del gobierno anterior será derogado, debido a que se presta para "la sapería" y porque la administración del ex presidente Martín Torrijos "legisló a puerta cerrada en el Gabinete".
Panamá América conoció que al nuevo proyecto de Martinelli se le adherirá parte de un documento elaborado en el año 2000, a inicios del gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso, sobre seguridad pública contra el crimen organizado.
Lo anterior fue revelado a este diario por el secretario de Seguridad José Abel Almengor, quien enfatizó que se pretende realizar una “ley integral”, que incluye la actualización de la Resolución de Gabinete de ese año.
Sin embargo, Mulino negó conocer este proyecto, aunque Almengor dijo que el tema de la seguridad es más amplio que el proyecto de ley que será presentado próximamente en la Asamblea.
A espaldas.
Como "inapropiado" calificó el presidente electo del Colegio de Abogados, Rubén Rodríguez, la decisión del Gobierno de debatir un proyecto a "espalda" de la población.
Manifestó que se debe realizar una consulta pública antes de que el proyecto de ley llegue al pleno legislativo, debido a que es una "obligación" de las autoridades y no puede haber una "desvinculación" del Gobierno con el pueblo que lo eligió.
En tanto, el empresario y miembro del Consejo de la Concertación, Enrique De Obarrio, dijo que la participación de la ciudadanía "es un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia".
De Obarrio señaló que en la Carta Democrática Interamericana se establece que "la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía".
Estimó que se debe convocar al Consejo como escenario "más apropiado" para construir consensos nacionales sobre el problema de la seguridad.
