El nuevo decreto que regulará a las agencias de seguridad privada, dispone darle las facultades al Ministerio de Gobierno y Justicia para multar hasta con 5 mil dólares a las empresas que inicien operaciones sin dar cuenta de ello a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública.
Esta instancia podrá cancelar definitivamente el registro de operación de las agencias y ordenar el retiro del armamento a la Policía Nacional para su custodia en el depósito oficial.
Ninguno de estos aspectos están contemplados en la norma vigente, que sólo faculta a la institución a sancionar con amonestación por escrito a las agencias.
El nuevo decreto también contempla sanciones para los agentes que se les comprueben faltas.
Las multas establecen en 250 dólares y pueden llegar hasta la inhabilitación de sus funciones.
Las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia sólo están a la espera que el presidente Martín Torrijos firme el nuevo decreto.
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